Por tercera vez, el arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha desoído los requerimientos del juez instructor del caso de ‘los romanones’. Ahora se ha remitido a la “legislación canónica aplicable” para negarle al juez la copia completa de las actuaciones canónicas y de todo lo actuado en la jurisdicción eclesiástica en el mayor escándalo conocido hasta el momento de pederastia en España, en el que están siendo investigados diez curas y dos laicos. Tras ignorar dos providencias anteriores, del 1 y del 27 de marzo, el prelado granadino ha vuelto a sortear el último requerimiento del instructor, del pasado 7 de mayo. Esta vez no ha respondido a la francesa. Se ha limitado a recurrir a un acuerdo preconstitucional para desoír nuevamente al juez. Martínez se ampara en los privilegios del acuerdo Iglesia –Estado de 1976 para negarse a colaborar en la investigación penal. “Aquí no cabe el secreto pontificio; el arzobispo está obstruyendo la investigación penal”, afirman fuentes consultadas por andalucesdiario.es. En la diócesis granadina crece el malestar y las críticas hacia el prelado granadino por implicar a la Santa Sede en un gran escándalo “que no ha sabido o no ha querido gestionar”. LOS ENCUBRIDORES, COMO SI NADA Martínez se ha negado sistemáticamente a remitir al juez las actuaciones que supuestamente realizó contra los diocesanos investigados como autores o encubridores de los supuestos abusos sexuales contra menores. El arzobispo suspendió ‘a divinis’ a los tres sacerdotes que fueron imputados como presuntos autores de los abusos, pero no ha instruido ningún procedimiento contra los encubridores. Tan es así, que los siete diocesanos investigados como encubridores siguen ejerciendo sus funciones pastorales. Ni acciones ni gestos. El arzobispo de Granada se ha permitido el lujo de torear sistemáticamente al juez instructor. Se ha negado a trasladar a una instancia civil los supuestos expedientes eclesiásticos que tuvo que tramitar para suspender de sus funciones pastorales a tres de los diez sacerdotes del grupo de los ‘romanones’. También se ha saltado las normas del Vaticano y las advertencias del Papa Francisco de no admitir en la Iglesia ni a pederastas ni a encubridores. ¿Dónde están los expedientes que supuestamente tramitó cuando suspendió ‘a divinis’ a los tres supuestos autores de los abusos sexuales contra menores? ¿Qué ha hecho contra los siete sacerdotes encubridores que siguen ejerciendo sus funciones pastorales? “Nada”, responden fuentes diocesanas. “El arzobispo de Granada se está saltando las directrices del Papa”, afirman quienes critican el proceder del prelado. Jorge Mario Bergoglio dio un aviso a navegantes apenas dos meses antes de que estallara el escándalo de los abusos sexuales de Granada. Él ya tenía conocimiento de la denuncia del joven que, después de muchos años, decidió contarle en una carta que había sido víctima de abusos sexuales por parte de diez curas y dos laicos. Se acabó la tibieza con los delitos de pederastia, vino a decir entonces el Papa, al advertir de que nadie se salvaría de ser juzgado por abusos sexuales contra menores. DESOYENDO AL PAPA Pero el prelado granadino sigue la política de los sectores más retrógrados de la Iglesia. Desoye los requerimientos judiciales y aparentemente da refugio a supuestos delincuentes vestidos de sotana. Martínez ha hecho todo lo contrario de la acción ejemplar que reclama el Papa en los delitos de pederastia. Cuentan en la diócesis que Martínez “quiere que el juez ordene un registro en el Arzobispado para convertirse en mártir”. “Para él no existen los jueces ni los poderes del Estado”, señalan a andalucesdiario.es fuentes cercanas al caso. La realidad es que el último requerimiento del juez ha levantado un gran revuelo en la diócesis. Martínez ha tratado de buscar apoyos en la Conferencia Episcopal, pero al parecer no ha tenido mucho éxito. En la diócesis granadina algunos dudan de que realmente haya instruido los procedimientos eclesiásticos en regla mientras aumentan las sospechas de que esté “encubriendo algo”. Por lo pronto, la acusación particular piensa pedirle al juez que cite a declarar al arzobispo en calidad de testigo y que vuelva a pedir a la Santa Sede por vía de urgencia los expedientes completos de las actuaciones canónicas.