Las madres de Teayudo Granada han denunciado este lunes que la Junta de Andalucía ha utilizado el periodo estival como "una decisión estratégica de gestión política" para avanzar en el desmantelamiento silencioso de los servicios públicos de atención temprana. Las familias advierten de que esta parálisis administrativa deliberada ignora una realidad ineludible, recordando que las ventanas de plasticidad neuronal de los menores "no entienden de ciclos políticos ni de vacaciones institucionales". Cada día de silencio por parte de la administración se traduce en un retroceso irreversible para el desarrollo y la evolución de sus hijos.
En el marco de la Ley 1/2023 de Atención Temprana de Andalucía, el colectivo subraya que la ruptura sistemática del "vínculo terapéutico" provocada por la inestabilidad de los centros constituye una auténtica negligencia institucional. La realidad actual en la provincia de Granada es alarmante, advierten, marcada por el cierre definitivo del centro ASPACE el pasado mes de junio y por la drástica reducción de la capacidad operativa del CAIT San Rafael, que actualmente funciona únicamente al 40% de su rendimiento, dejando a cientos de familias en un limbo asistencial insostenible.
Ante este muro de inacción, la gravedad de la crisis obligó al colectivo a buscar amparo en el ámbito legislativo. Gracias a ello, el Parlamento de Andalucía admitió a trámite el pasado 24 de julio de 2026 una petición oficial ante la Comisión Consultiva de Peticiones. Un hecho que las madres aducen a la "opacidad administrativa" de la Junta: "Que las familias deban acudir a la Comisión de Peticiones -el último recurso del ciudadano cuando las vías ordinarias fallan- para instar a la Consejería a dar una respuesta formal y urgente a sus demandas de información, evidencia una quiebra técnica de los canales democráticos y una obstrucción deliberada del derecho a la información pública. Esta precariedad asistencial es el preludio de la desprotección laboral que sostiene este sistema fallido".
Asimismo, las familias denuncian el incumplimiento flagrante de la promesa realizada por la Junta el pasado mes de marzo, cuando se aseguró que se llamaría "familia por familia" para garantizar la asistencia, una medida que quedó en una mera maniobra de distracción frente al abandono real, denuncian las madres. A pocas horas de que este 1 de septiembre se ejecute el nuevo concierto en Granada capital, "el silencio por parte de las delegadas de la Junta, con especial gravedad en el área de Salud, sigue siendo absoluto".
El comunicado incide en que la calidad de la atención temprana es completamente indisociable de la estabilidad laboral de sus plantillas. Sin embargo, de cara al nuevo periodo, "los especialistas se enfrentan a despidos y a la total ausencia de garantías de subrogación. En esta nueva licitación, la Junta ha permitido que las empresas adjudicatarias no estén obligadas a subrogar a los profesionales procedentes de otros centros, lo que precariza al sector y destruye el vínculo terapéutico construido con los menores. Esta falta de condiciones laborales dignas, reconocimiento y estabilidad está provocando una preocupante fuga de talento y profesionales altamente cualificados que se ven abocados a abandonar el sector, poniendo seriamente en entredicho los estándares de calidad asistencial", han señalado.
Las madres ponen como ejemplo de esta "discriminación institucional" el caso de Rafa Herrera, un niño de 3 años con Síndrome de Down en Deifontes. Rafa se incorpora a un aula ordinaria con una ratio masificada de 21 alumnos, donde "no existe ningún cupo de refuerzo para infantil" y en la que "únicamente se dispone de dos horas de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) para todo el centro escolar". Desde el colectivo califican esta situación como una "imposibilidad matemática para la inclusión" y una exclusión explícita que condena al menor a la invisibilidad pedagógica.
Ante este panorama desolador, las madres de Teayudo Granada exigen el cumplimiento de los derechos fundamentales innegociables y reafirman su movilización permanente. El colectivo advierte con contundencia que "no habrá paz institucional mientras se siga jugando con el futuro de nuestros hijos", recordando que su lucha no descansa en verano y continuará hasta que la justicia social y la dignidad alcancen por fin los centros educativos y sanitarios de Andalucía.
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