Cuidar a los menores más vulnerables debería ser intocable. Sin embargo, miles de familias andaluzas sufren hoy las graves consecuencias de una Atención Temprana al límite de sus fuerzas. En Granada, el desmantelamiento del Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) San Rafael ha encendido todas las alarmas. Un grupo de madres afectadas ha alzado la voz para denunciar que las recientes decisiones de la Junta de Andalucía suponen un "castigo cruel" que trata a sus hijos como simples expedientes administrativos.

El conflicto surge a raíz de las nuevas condiciones de los conciertos administrativos impulsados por el Gobierno autonómico, que limitan drásticamente el número de lotes (sesiones) que puede gestionar un mismo centro. En el caso del CAIT San Rafael, un centro de referencia y excelencia, esto se traduce en pasar de cinco a dos lotes. En la práctica, significa que el 60% de los niños -menores de 0 a 6 años con autismo, TDAH grave, epilepsia o enfermedades neurológicas- serán expulsados del centro y reubicados por la fuerza, perdiendo a los terapeutas con los que llevan años trabajando.

Las familias advierten que la etapa de 0 a 6 años es vital por la neuroplasticidad cerebral, y que interrumpir los tratamientos en esta fase genera daños irreversibles. No se trata de un simple cambio de ambulatorio, sino de la destrucción de un entorno seguro que ha costado años construir.

Aurora, madre de uno de los menores afectados, subraya la gravedad de esta decisión de despacho: "Si el niño con la persona que está existe un apego seguro, lo tienes todo. Si no existe apego y volvemos a empezar, lo has perdido todo, has perdido el trabajo que se ha hecho durante años". Aurora recuerda que muchos de estos niños no tienen lenguaje oral para expresar su malestar, traduciéndose esta ruptura en berrinches, ataques de pánico y un sufrimiento silencioso que las familias asumen en soledad.

Por su parte, Julia, otra de las madres, relata el impacto directo que estos recortes tienen en el día a día: "Estamos hablando de niños muy sensibles a cambios de rutina (...) y todos los cambios de rutina pues va a conllevar a crisis, a lloros, a estrés, a ansiedad, a retrocesos". Las familias denuncian que la Junta está ignorando por completo el daño psicológico y vulnerando la Ley de Atención Temprana, que establece que la figura del menor debe prevalecer sobre cualquier trámite administrativo.

"¿Quién se va a hacer cargo de los retrocesos de nuestros niños?"

La administración ha prometido "reubicar" a los menores basándose en criterios como la cercanía al domicilio, demostrando, según los padres, un profundo desconocimiento de la realidad de la neurodivergencia.

Ángela, madre afectada por esta inminente reubicación, expone la cruda realidad del proceso: "Mi niño ha tardado seis meses en adaptarse al profesional, al sitio (...) y ahora cambiamos a otro centro. Hasta que se adapte vamos a tardar tres o seis meses, un año, no lo sé. ¿Quién se va a hacer cargo de los retrocesos de nuestros niños?".

El colectivo de familias no entiende por qué se desmantela un centro que funciona y que absorbe una parte crítica de una lista de espera que hoy deja al 44% de los niños granadinos sin atención. Su exigencia es clara: la Junta debe paralizar la reducción de lotes en el CAIT San Rafael mediante una partida extraordinaria o una revisión del modelo, protegiendo los tratamientos en curso.

"Si quieren que la sociedad sea más fuerte, hay que empezar por la base, y la base son nuestros niños. Invertir hoy en Atención Temprana es ahorrar en el futuro de nuestra sociedad", concluyen las madres. Las familias advierten que no se van a quedar en silencio viendo cómo sus hijos pagan el precio de una mala gestión y anuncian que seguirán luchando para que la vida de sus hijos no se quede en pausa por una decisión de despacho.