Diez años respirando gasolina: informes forenses vinculan los hidrocarburos con daños a la salud de los vecinos en Coria del Río

Ecologistas en Acción denuncia que unas 4.000 personas continúan viviendo sobre un suelo contaminado mientras las administraciones mantienen paralizada la descontaminación y siguen sin hacer públicos los últimos análisis de calidad del aire.

Diez años después del inicio de uno de los mayores episodios de contaminación por hidrocarburos registrados en una zona residencial andaluza, la Justicia dispone ya de informes forenses que establecen una relación directa entre la exposición continuada a sustancias tóxicas y los daños en la salud de parte del vecindario de la barriada Guadalquivir de Coria del Río.

Para Ecologistas en Acción, esta conclusión supone un punto de inflexión en un caso marcado durante una década por la lentitud administrativa, la falta de coordinación institucional y la ausencia de medidas eficaces para proteger la salud pública. Mientras tanto, alrededor de 4.000 personas continúan viviendo en un barrio donde persiste el olor a gasolina y donde la contaminación del suelo, el subsuelo, las aguas y el aire sigue sin resolverse.

Los nuevos informes del Instituto de Medicina Legal, incorporados al procedimiento judicial en junio de 2026, respaldan las denuncias que las personas afectadas vienen realizando desde hace años y coinciden con las conclusiones recogidas en el informe de la Fiscalía General del Estado de 13 de diciembre de 2024, elaborado a partir de 65 informes técnicos y periciales.

Según dicho informe, el origen de la contaminación se sitúa en una fuga detectada en 2017 en un depósito de la estación de servicio Zamarrilla. El combustible habría alcanzado un emisario de aguas que atraviesa la barriada a través de una conducción deteriorada con grietas, extendiendo la contaminación por el subsuelo hasta afectar al entorno urbano, las aguas subterráneas y el río Guadalquivir.

El informe de la Fiscalía incorpora además un estudio elaborado por Inerco en octubre de 2019 que describe la presencia de un hidrocarburo altamente degradado que llevaría aproximadamente diecisiete años descomponiéndose bajo el barrio, una circunstancia que incrementa su toxicidad y evidencia la prolongada permanencia del foco contaminante. Una emergencia ambiental y sanitaria que continúa abierta.

Ecologistas en Acción recuerda que numerosas personas han padecido durante estos años enfermedades, síntomas persistentes y graves problemas de salud que han motivado múltiples evaluaciones médicas y forenses. Buena parte del vecindario ha colaborado voluntariamente con la investigación judicial, poniendo su propia salud al servicio de la ciencia para esclarecer las causas de esta contaminación.

La organización denuncia que los informes forenses se han elaborado con un número limitado de informes médicos remitidos por la Junta de Andalucía y lamenta especialmente que entre la documentación aportada no existan informes correspondientes a menores afectados.

A ello se suma la falta de transparencia institucional. Los resultados de las últimas campañas de medición de la calidad del aire siguen sin hacerse públicos, pese a haber sido reclamados formalmente tanto por la Asociación de Vecinos Barriada Guadalquivir como por Ecologistas en Acción.

Diez años de retrasos y responsabilidades pendientes

La organización ecologista considera especialmente grave que la recuperación de los suelos contaminados continúe bloqueada diez años después del inicio del problema. A su juicio, la descontaminación debería haber constituido la primera prioridad de todas las administraciones implicadas.

El procedimiento judicial continúa abierto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Coria del Río y en el Juzgado de Instrucción nº 20 de Sevilla, mientras diferentes administraciones - entre ellas la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Ayuntamiento de Coria del Río, Aljarafesa y Emasesa - siguen personadas en un procedimiento de enorme complejidad.

Para Ecologistas en Acción, durante estos años ha predominado la defensa de intereses administrativos y reputacionales sobre la protección efectiva de la ciudadanía. La organización lamenta igualmente que el grupo de trabajo creado por el Parlamento de Andalucía en 2025, del que quedaron excluidas las organizaciones vecinales y ecologistas, terminara disolviéndose sin ofrecer soluciones concretas. Tampoco llegó a materializarse el protocolo sanitario específico anunciado entonces para personas afectadas por contaminación industrial.

"La ciencia confirma lo que el vecindario lleva diez años denunciando"

El portavoz de Ecologistas en Acción, José Carlos González, ha afirmado que:
"La ciudadanía nunca exageró. Lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario: durante diez años se ha minusvalorado un problema gravísimo de salud pública. Hoy los informes forenses empiezan a confirmar lo que las vecinas y los vecinos denunciaban desde el primer momento".

González añade que "resulta inaceptable que hayan tenido que pasar diez años para que las instituciones comiencen a reconocer oficialmente los efectos de una contaminación que nunca dejó de existir. Ninguna administración puede dar por cumplida su obligación mientras miles de personas sigan viviendo sobre un suelo contaminado".

Ecologistas en Acción exige actuaciones urgentes

Ante las nuevas evidencias científicas y judiciales, Ecologistas en Acción reclama la publicación inmediata de los resultados de las mediciones de calidad del aire.

También exige el inicio urgente de la descontaminación integral del suelo, el subsuelo y las aguas afectadas. Así mismo reclama un seguimiento sanitario especializado para todas las personas expuestas, con especial atención a la población infantil.

Demanda la asociación la máxima transparencia informativa por parte de todas las administraciones implicadas. Por último pide la depuración de las responsabilidades administrativas, políticas y, en su caso, penales que correspondan.

La organización ecologista reitera su compromiso de seguir acompañando a la Asociación de Vecinos Barriada Guadalquivir y considera que este caso representa uno de los mayores ejemplos de injusticia ambiental registrados en Andalucía, donde durante una década miles de personas han convivido con una contaminación persistente sin que las administraciones hayan ofrecido una solución efectiva.