La secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, anuncia el inicio de un procedimiento para requerir notarialmente a la portavoz del PP de Andalucía, Rosario Soto, la aportación de datos concretos que fundamenten sus declaraciones relativas a la presencia y participación directa o indirecta de familiares suyos en los ERE, todo ello sin perjuicio del inicio de acciones civiles en defensa de su honor.

Díaz ha decidido requerir notarialmente a la portavoz del PP
Ante las declaraciones realizadas en la mañana de hoy por Rosario Soto a los medios de comunicación, la secretaria de Organización del PSOE de Andalucía ha decidido requerir notarialmente a la portavoz del PP-A que manifieste de inmediato qué personas de su familia han participado directa e indirectamente en algún ERE y que indique de qué expediente de regulación de empleo se trata.

Un delito de calumnias continuado
Asimismo, y visto que en sus declaraciones a la prensa la señora Soto le imputa a Susana Díaz un delito de calumnias continuado, le insta también por requerimiento notarial a que concrete los hechos y diga a qué personas ha calumniado, dónde ha proferido las supuestas calumnias y en qué actos.

Por si fuesen constitutivas de una infracción electoral
Además, el PSOE de Andalucía remitirá a la Junta Electoral un escrito en el que pone en conocimiento del órgano las declaraciones de Rosario Soto por si fuesen constitutivas de una infracción electoral administrativa o penal, ya que pudieran influir en el sentido del voto de los ciudadanos en las próximas Elecciones Municipales del 22 de mayo, puesto que han sido proferidas a menos de 48 horas del inicio de la campaña electoral. El escrito incluirá los medios que recogieron las declaraciones de la portavoz popular.

En defensa de su honor
Susana Díaz ha iniciado las actuaciones anteriormente reseñadas sin perjuicio de interponer acciones personales civiles en defensa de su honor con motivo de las acusaciones vertidas por la portavoz del PP-A, Rosario Soto, acciones que se desarrollarán una vez culmine el proceso electoral si no media una rectificación pública.