La dependencia de Vox obliga a Moreno a reajustar sus líneas rojas

La pérdida de la mayoría absoluta ha cambiado por completo el tablero político andaluz. Apenas dos escaños separan a Moreno Bonilla de reeditar el escenario de comodidad parlamentaria que disfrutó durante los últimos cuatro años, pero esa distancia se ha convertido en un obstáculo decisivo para la formación del próximo Gobierno andaluz.

El presidente de la Junta quiere cerrar cuanto antes un acuerdo con Vox que permita afrontar el verano con un Ejecutivo plenamente operativo y llegar a septiembre con estabilidad política. Sin embargo, las conversaciones están resultando más complejas de lo previsto. Fuentes populares reconocen que la negociación está siendo "dura" y admiten que el nuevo equilibrio de fuerzas obliga al PP a afrontar exigencias que hace apenas unas semanas no formaban parte de su agenda.

La situación contrasta con la legislatura anterior. Entonces, Moreno podía gobernar sin depender de ningún socio y marcar el ritmo político desde una posición de fortaleza. Ahora necesita los votos de Vox para mantenerse en San Telmo y esa necesidad está elevando el precio del acuerdo.

Los negociadores designados por el PP, Antonio Repullo y Antonio Sanz, han abierto contactos internos con las distintas consejerías para estudiar qué concesiones son viables y cuáles chocan con límites legales o políticos. En el entorno del presidente reconocen que algunas propuestas planteadas por Vox presentan problemas de encaje jurídico.

Agricultura e inmigración, los principales puntos de choque

Uno de los asuntos más sensibles es el control de las políticas agrarias. Vox aspira a gestionar competencias relacionadas con Agricultura, una de las áreas con mayor peso presupuestario dentro de la Junta. La Consejería dispone de cerca de 2.000 millones de euros y constituye una pieza clave en la interlocución con el sector primario y con las instituciones europeas.

El PP intenta evitar que esa cartera quede en manos de la formación de Santiago Abascal. La preocupación no solo procede de los populares. Organizaciones agrarias, representantes empresariales y sectores vinculados a la pesca han expresado reservas ante la posibilidad de que Vox asuma responsabilidades directas en un ámbito especialmente dependiente de la negociación con Bruselas.

Por ello, una de las fórmulas que se estudian pasa por diseñar una estructura gubernamental que permita ofrecer visibilidad política a Vox sin cederle el control efectivo de las grandes decisiones agrarias.

El otro gran foco de tensión se sitúa en las políticas migratorias y sociales. Vox insiste en incorporar el principio de "prioridad nacional" en el acceso a determinadas ayudas públicas, una propuesta que ha generado resistencias incluso dentro del propio PP.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha desmarcado públicamente de esa posibilidad al calificarla de "ilegal" y "anticonstitucional". De hecho, el regidor aseguró recientemente que, mientras siga al frente del Ayuntamiento, todos los ciudadanos tendrán los mismos derechos con independencia de su nacionalidad. Sus declaraciones evidencian las dificultades que encuentra el PP para compatibilizar algunas de las demandas de Vox con su discurso institucional y con los límites legales existentes.

Concesiones sin romper la imagen de moderación

La negociación también afecta a viejos debates que ya estuvieron presentes durante la primera legislatura de Moreno, como la reducción de la denominada administración paralela o la revisión de subvenciones destinadas a organizaciones sindicales.

Sin embargo, la experiencia acumulada en los últimos años ha demostrado al Gobierno andaluz que muchas de esas medidas resultan difíciles de aplicar. Los servicios jurídicos han advertido reiteradamente de las consecuencias económicas y legales que podría acarrear el desmantelamiento de organismos públicos o el despido de trabajadores integrados en entes instrumentales.

En este contexto, la estrategia del PP pasa por encontrar fórmulas de compromiso que permitan satisfacer parcialmente a Vox sin alterar de forma sustancial el funcionamiento de la administración. El mensaje interno es claro: habrá concesiones políticas, pero su aplicación real dependerá posteriormente de informes jurídicos, límites competenciales y decisiones de gestión.

El calendario añade presión. Moreno quiere que la investidura pueda celebrarse en julio y descarta explorar una abstención de la izquierda, una vía que tampoco contemplan PSOE, Por Andalucía ni Adelante Andalucía.

La cuestión ya no es únicamente qué exige Vox, sino hasta dónde está dispuesto a llegar Moreno para conservar el Gobierno. La mayoría absoluta permitía mantener intactas determinadas líneas rojas, pero ahora la nueva aritmética parlamentaria obliga a renegociarlas.