En Andalucía es muy común la frase que dice: “Desde Ayamonte hasta Pulpí…” que son las dos localidades situadas en los extremos de nuestra comunidad, y que para ir de una a otra hay que recorrer de punta a punta Andalucía. Pues esta semana, la información política ha estado centrada en estos dos extremos, con el permiso de Algeciras y con el telón de fondo de las negociaciones del Gobierno andaluz entre PP y Vox.
Ayamonte (Huelva), como toda la provincia, ha sufrido una oleada de incendios que ha encendido todas las alertas de los bomberos forestales del Infoca, que han vuelto a denunciar la falta de personal, hasta un déficit de 300 profesionales, de material deficitario y de incumplimientos de la administración. Mientras, Moreno y Sanz presumen del Plan Infoca 2026, que está dotado con una “inversión histórica” y que cuenta con el descontento de los bomberos forestales de fondo.
Un Antonio Sanz, por cierto, que ha sido protagonista por partida triple estas semanas. Primero, por su estrecha relación con el exCEO de ADM, Gustavo Fuentes. ADM es la productora público-privada de Canal Sur, cuyo responsable hasta ahora ha sido acusado y denunciado en los tribunales por acoso sexual por una trabajadora, una noticia que adelantó eldiario.es. Tras hacerse pública, otros trabajadores/as han contado la presunta ‘tortura’ a la que Fuentes sometía a su equipo. Especialmente tortuoso fue para muchas mujeres, que no solo alzaron la voz contra presuntos abusos laborales sino que acudieron al sindicato CCOO para buscar una vía legal con la que denunciar al susodicho. Sin embargo, relata el propio protagonista sindical, una suerte de infortunios provocaron que el sindicato no pudiera interceder por las que denunciaban. Hasta que finalmente una de ellas ha acudido a la vía judicial.
A Sanz, mano derecha de Moreno Bonilla en el Gobierno andaluz, consejero de Presidencia y Sanidad y férreo defensa en las filas populares, se le atribuye ser el hacedor de que este personaje, Fuentes, ostentara tales responsabilidades de poder mediático. No en vano, fue nombrado por el propio Ejecutivo, personalizado en Antonio Sanz, como presidente del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND), de la que también ha dimitido el investigado. El Clúster es una suerte de una aceleradora de proyectos audiovisuales con el fin de competir con otras comunidades, "no luchando por dar más incentivos" sino ofreciendo "más servicios y de más calidad", explicaba el propio Fuentes en 2025 cuando le nombraron.
Y, por último, el último vértice por el que Sanz ha sufrido desgaste ha sido el Plan de Verano del SAS 2026, tras conocerse que la Junta de Andalucía cerrará en verano el 75% de los centros de salud por las tardes. La Consejería dice que estos números son falsos, dado que ya había muchos centros que por las tardes cerraban también en invierno. No obstante, con los datos facilitados por la propia Consejería en el Plan, se establece que solo 388 de 1517 centros de salud abrirán por las tardes de verano, una cifra, por tanto, incontestable.
Algeciras y Almería
Algeciras es la décima ciudad más poblada de Andalucía. Está gobernada por mayoría absoluta por José Ignacio Landaluce, alcalde y senador del PP hasta el pasado diciembre, cuando dimitió de sendos cargos -en el segundo caso trasladándose al grupo mixto- tras ser acusado de acoso sexual. Tras archivarse esta denuncia en febrero, el regidor algecireño ganó tiempo y respiro. También Moreno Bonilla. Al presidente andaluz le llovieron las críticas por su “inacción” en el caso. Su contrincante política, María Jesús Montero, ofreció los concejales del PSOE en el Consistorio para, a través de una moción de censura, echar a Landaluce. Sin embargo, Moreno se limitó a decir que, toda vez que Landaluce había dejado sus cargos orgánicos, él no podía hacer nada.
Ahora, ElMundo dio a conocer que el PP andaluz había tomado la decisión de que Landaluce no aparezca en la papeleta electoral del PP en las próximas municipales tras conocer nuevos episodios de presunto acoso sexual del algecireño, en este caso en el Senado. Unos episodios que Landaluce niega pero que han servido para que a Moreno le vuelva de vuelta el “lío” algecireño. El PSOE ha vuelto a mover ficha rápidamente, y de nuevo ha puesto sobre la mesa la moción de censura. Previsiblemente Moreno no dictará ninguna orden contra los concejales del PP, que respaldan al actual alcalde en funciones. Está por ver si no le crecen los enanos tras esta decisión.
Más al este, en Almería, continúa el “desfile” de los 43 investigados en el caso Mascarillas de la Diputación provincial (PP), con tres nombres que brillan por encima de los demás: el del expresidente, Javier Aureliano García, el del exvicepresidente, Fernando Giménez, y el del exvicepresidente tercero, Óscar Liria, así como el alcalde de Fines Rodrigo Sánchez. Presuntamente, y en base al informe de la UCO, estos forman parte de un entramado tejido desde la Diputación y con García como “eje central” para controlar una red de “tráfico de influencias, malversación de fondos y comisiones ilegales”. Según la UCO, este entramado se remonta hasta, al menos, 2016.
Negociaciones Gobierno
Mientras tanto, la escena política continúa pendiente del pacto entre PP y Vox. Mientras que hace una semana muchos daban por hecho que llegábamos a septiembre, las voces parecen apuntar a que el Ejecutivo de Moreno Bonilla quiere llegar con los deberes hechos antes de verano.
La primera negociación -todas secretas- llegó la misma semana de constitución del Parlamento. A partir de entonces, ha habido más contactos entre las formaciones, aunque nadie quiere decir nada de lo que se está acordando. Sí parece que Vox pretenderá entrar en el Gobierno del que Moreno los quiere fuera. La intención de la ultraderecha, así además está reivindicándolo, es hacerse con Agricultura. Además, después de casi verbalizar ambas formaciones que lo de la Mesa del Parlamento fue un teatro, la ultraderecha podría obtener hasta dos plazas en la misma, cosa que no le quitaría la mayoría al PP e igualaría las fuerzas con el PSOE-A.
El falso debate se ha establecido en una presunta abstención de las izquierdas, dirigiéndose principalmente las miradas hacia el PSOE-A, y que así no entre Vox en el Gobierno andaluz. Este es realmente el discurso que Moreno Bonilla pretende que permee en el electorado de ‘centro’, por el que compiten ambas formaciones. Moreno quiere escenificar que el pacto con Vox le ‘cuesta’, sacrifica su moderación, al tiempo que todo sigue como antes. El único culpable de lo que pueda ocurrir es el PSOE-A, desliza Moreno, por no facilitar la investidura. Una tesis que parte de una premisa de falsa moderación y que además las izquierdas, porque todas pueden entrar en esta ‘carambola’, no comparten porque no se fían del presidente andaluz. Asimismo, la defensa de lo público ha estado en el centro de sus campañas, frente a la gestión de “privatización” de Moreno. Dar ese paso ahora sería incomprensible para sus electorados.
Por otro lado, hay que recordar que son unas negociaciones que tutelan Génova y Bambú (las sedes nacionales de PP y Vox respectivamente). Que Moreno haga un regate en corto a su dirección y a la formación ultra no entra en los planes; sí el entendimiento como en Extremadura, Aragón y Castilla y León.
Vivienda
Y como último telón de fondo, la ciudadanía, ajena al vodevil político, se movilizaba este viernes en hasta 32 ciudades del Estado para reclamar una política de vivienda que dignifique la vida de las personas, que tienen que ver cómo las posibilidades de acceder a una vivienda, en cualquiera de sus modalidades, se ha vuelto una quimera. En Andalucía, y en su capital, Sevilla, el Sindicato de Inquilinas ha sido especialmente crítica con la gestión en vivienda que han realizado tanto Junta como el Consistorio municipal, aplicando políticas que favorecen la “especulación”, construyendo VPOs para rentas altas (hasta 350.000 euros las de Cruz del Campo), y creando una Ley para desclasificar su protección para que salgan al mercado libre.
Andalucía ha sido una de las comunidades donde más ha subido el precio de la vivienda y que registra el salario medio más bajo y el mayor desempleo. La proliferación de viviendas y apartamentos turísticos ante la complacencia de las administraciones, expulsando a los vecinos de los barrios, es la última consagración de un modelo que generado una importante reacción ciudadana.
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