La escalada del precio de la vivienda y de los alquileres en Andalucía ha traspasado la crisis residencial para convertirse en un "problema laboral y de funcionamiento de los servicios públicos" educativos. El sindicato USTEA ha denunciado que la especulación inmobiliaria está expulsando a los docentes de sus ciudades y dificultando gravemente el ejercicio de la profesión, una situación que castiga con "especial dureza" al profesorado interino y provisional.
El sindicato argumenta que este colectivo se ve "obligado en muchos casos a desplazarse cada curso, aceptar destinos alejados de su residencia habitual y buscar vivienda con apenas unos días de margen". Por ello, en localidades con una fuerte presión residencial, turística o especulativa, "encontrar un alquiler asumible se ha convertido prácticamente en una misión imposible".
USTEA también ha señalado que a esto se suma la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante la última década, estimada por el sindicato en torno a un 14 %, lo que equivale a "más de 3.150 euros anuales para muchos docentes", tal y como ha señalado el portavoz de USTEA Enseñanza, Fran Fernández. Con unos salarios depreciados y unos alquileres disparados que "no dejan de crecer y se llevan una parte cada vez mayor de nuestros ingresos", una proporción desproporcionada del sueldo se destina obligatoriamente a la vivienda. Esto empuja a muchos profesionales a "compartir vivienda por obligación o realizar diariamente decenas o incluso cientos de kilómetros porque residir cerca del centro de trabajo resulta económicamente inaccesible". Esta realidad no solo "perjudica al profesorado, dificulta la conciliación", sino que también "genera problemas para cubrir y estabilizar determinados puestos docentes" en los centros educativos.
Ante este escenario, USTEA ha reclamado al Gobierno autonómico un conjunto de medidas urgentes que pasan por la creación de un complemento salarial para el "personal docente destinado en municipios y zonas donde el elevado coste de la vivienda dificulte de manera acreditada el acceso a un alojamiento asequible".. La organización exige que esta medida se negocie en la Mesa Sectorial de Educación y se establezcan criterios objetivos vinculados al precio del alquiler y al coste efectivo de la vivienda en cada territorio. Asimismo, reclaman una revisión general de los salarios para recuperar el poder adquisitivo perdido y avanzar en la equiparación salarial con el profesorado del resto del Estado.
Del mismo modo, el sindicato muestra su apoyo explícito a las reivindicaciones del movimiento y de los sindicatos de inquilinas e inquilinos de Andalucía frente a la especulación inmobiliaria, exigiendo "ampliar de manera decidida el parque público de vivienda y adoptar políticas que permitan contener los precios del alquiler" mediante la aplicación de los instrumentos que contempla la Ley estatal por el derecho a la vivienda» en las áreas de mercado residencial tensionado.
"Cuando una trabajadora o un trabajador no puede permitirse vivir allí donde trabaja, estamos también ante un problema laboral y de funcionamiento de los servicios públicos", denuncia el sindicato, que exige a la administración andaluza que "deje de mirar hacia otro lado" y priorice las condiciones de vida de la mayoría social "por encima de la especulación y del negocio inmobiliario".
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