Considera la Fiscalía Anticorrupción que el concejal de Cazalla de la Sierra Rogelio Becerra y el alcalde Ángel Rodríguez de la Borbolla, ambos del PSOE, consiguieron que el director general de la Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrro otorgara a la empresa participada por ambos –y en dificultades económicas– 3.003.036,21 euros para así asegurarse “liquidez inmediata”. La defensa de Borbolla siempre ha recalcado que su patrocinado no se enriqueció personalmente con estas ayudas, ya que las ayudas concedidas fueron invertidas en las empresas para las que se solicitaron.
El dinero provenía del fondo autonómico para ayudar a trabajadores de empresas en crisis cuya ilegalidad ya determinó la sentencia del primer juicio de los ERE, recurrida ante el Supremo, que verá los recursos los próximos 4 y 5 de mayo. Las sesiones se prolongarán hsta bien entrado el mes de mayo.
Esta es una de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción cuya consistencia examina a partir de este martes la Audiencia de Sevilla en el juicio correspondiente a las ayudas de la Junta de Andalucía a empresas vinculadas al sector del corcho, como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera.
La Sala juzgará si, como sostienen las acusaciones, los acusados cometieron los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Además del exalcalde Ángel Rodríguez de la Borbolla –hermano del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla– y del exconcejal Rogelio Becerra, se sientan en el banquillo el actual alcalde de Cazalla de la Sierra, Sotero Martín Barrero, también del PSOE, como partícipe en varias de las empresas beneficiadas con las ayudas públicas; el empresario portugués de la industria del corcho Fernando Pedro Moreira Oliveira; y Gerardo de la Cruz Elías, responsable de una entidad bancaria que habría colaborado en tramitación presuntamente fraudulenta de algunas ayudas.
El que ha comenzado hoy –aunque las diligencias arrancaron hace casi una década– es el tercer juicio de la macrocausa de los ERE, después de que la Sección Primera de la Audiencia condenase a 19 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, --entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán--, juzgados por el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiadas los ERE y las ayudas directas a empresas.
El segundo juicio fue el relativo a las subvenciones a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco) y en el mismo fueron condenados el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández y al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, aunque sus defensas sostienen que ambos fueron ya juzgados y condenados por esos hechos en el primer juicio, donde fueron condenados por malversación de fondos y no solo por prevaricación.
El Ministerio Público pide para Ángel Rodríguez de la Borbolla 7 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; para Sotero Martín Barrero, Rogelio Becerra Martín y Fernando Pedro Moreira 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta; y para Gerardo de la Cruz 4 años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta. El que fuera delegado provincial de Sevilla del Instituto de Fomento de Andalucía, Manuel Enrique Rodríguez Contreras, también llegó a estar acusado pero la Audiencia lo exculpó finalmente.
El total de las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 a este grupo de empresas fue de 8.408.096,42 euros, que habrían engrosado sus arcas "prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria", según el auto de procesamiento.
De los 3.003.036,21 euros otorgados por Guerrero a las emrpesas de los tres políticos locales, ya fallecido, 1,8 fueron subvenciones para fusionar de Corchos de Cazalla y Cortanza y los 1,2 millones restantes para una ayuda de 2007 destinada a "potenciar el reforzamiento del tejido industrial, el empleo de calidad y el aumento del mismo desde una empresa transformadora de recursos endógenos".
