Hay preocupación entre padres y profesores ante el inicio del curso sin que la pandemia esté del todo bajo control. La inquietud es parecida en la mayoría de comunidades autónomas, como parecidos son los reproches de la comunidad escolar, que suelen coincidir a su vez con los que formulan los partidos de la oposición.
A su vez, es el hecho de estar en la oposición y no su color político lo que decide las coincidencias entre los partidos de unos territorios y otros. Un ejemplo: lo que dice el PP de Valencia (en la oposición) se parece bastante a lo que dicen PSOE, Adelante, profesores, sindicatos y padres y madres de alumnos en Andalucía, donde ayer se reunió sin acuerdo la Mesa Sectorial de Educación.
La portavoz de Educación del Grupo Popular en les Corts Valencianes, Beatriz Gascó, dijo ayer que "la falta de un plan anti-covid eficaz convierte a los centros educativos en bombas de relojería". A su juicio, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller de Educación, Vicent Marzà, son "unos chapuceros que no tienen controlado el inicio de curso".
Beatriz Gascó comentó así las medidas anunciadas por la Conselleria de Educación para el inicio del próximo curso, que incluyen una partida extraordinaria de 207 millones y la contratación de 4.374 docentes más.
La 'popular' calificó de "despropósito" las medidas de la administración, que "demuestran una improvisación total, que no hay un plan serio y eficaz y, en el fondo, generan más inseguridad e incertidumbre entre las familias y la comunidad educativa". Aun así, en Valencia el grado de sintonía de la Generalitat y los sindicatos es mucho mayor que en Andalucía.
"Estamos muy preocupados por la falta de una hoja de ruta eficaz porque los centros educativos van a convertirse en bombas de relojería. Espero que no nos llamen alarmistas porque la última vez que avisamos al Consell de la que se nos veía encima, por desgracia, acertamos en el pronóstico", remachó Gascó.
Parecidos reproches barajaron ayer los cinco sindicatos del sector contra la Junta de Andalucía tras la reunión de la Mesa Sectorial de Educación, en la que por parte de la consejería estuvo presente la vicecconsejera Carmen Castilla, pero no su titular Javier Imbroda.
La presidenta autonómica de educación de CSIF, Elena García, pidió a la Administración que "la vuelta a las clases presenciales en septiembre vaya acompañada de todas las garantías de seguridad necesarias para la comunidad educativa en su conjunto".
El secretario de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, Diego Molina, dijo "nos convocan no para negociar, no para llegar a un acuerdo que posibilite el inicio de curso seguro, medidas que convenza a toda la comunidad educativa, a toda la sociedad andaluza; nos informan de unas medidas low cost, que cargan toda la responsabilidad sobre los equipos directivos sin tener toda la información ni la formación adecuada".
UGT culpa a la falta de negociación “la crispación que se ha generado en todos los centros educativos, vuelve a recaer toda la responsabilidad sobre los equipos directivos y eso es lo que ha llevado a las situaciones que se están viviendo".
"A día de hoy, los centros aún no saben con qué refuerzo de las plantillas docentes van a contar, por lo que difícilmente podrán planificar el inicio de curso con la anticipación suficiente", lamentaba USTEA.
