Si en ‘Ocean’s eleven’ el legendario Danny Ocean que interpretaba George Clooney urdía el mayor atraco de la historia a los casinos de Las Vegas con un equipo de solo 11 hombres, en el caso Aznalcóllar el alto cargo y letrado por oposición de la Junta de Andalucía Vicente Fernández Guerrero habría capitaneado una banda no de once, sino solo de ocho para lograr que la explotación de la mina le fuera adjudicada a la empresa México-Minorbis, en detrimento de Emerita, que hace seis años denunció en los tribunales el proceso de adjudicación.
La maquinación de ‘Los 9 de Fernández’ habría sido más audaz incluso que la de ‘Los 11 de Ocean’: a fin de cuentas, este y su banda llevaron a cabo su atraco ocultándose de sus víctimas y del público, mientras que el astuto Fernández y los suyos actuaron a cara descubierta para lograr lo que parecía imposible: beneficiar fraudulentamente a una empresa amiga a la vista de todo el mundo, en un concurso público con una mesa de contratación fuertemente reglada y cuya decisión fue retransmitida por ‘streaming’.
Una aldea gala en Sevilla
Además del taimado Fernández, luego nombrado presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en el trabajito participaron dos empresarios, otros dos altos cargos más del Gobierno socialista de Susana Díaz y cuatro funcionarios.
Cómo no serían de ladinos los 9 sospechosos que, tras cinco años sometidos a investigación, lograron convencer de su inocencia a la juez instructora del caso, a la Fiscalía Anticorrupción, a la Guardia Civil y a la Intervención General del Estado.
Pero, al igual que Roma conquistó toda la Galia pero no pudo aherrojar a la pequeña aldea de Astérix y Obélix y al igual que en la larga noche del invierno español todo el país dormía salvo cierto habitante del palacio del Pardo en cuyas estancias siempre permaneció encendida una lucecita vigilante, los malvados prevaricadores andaluces no contaban con que en su camino criminal se interpondría aquella a quien las derechas andaluzas tienen en un altar por ser martillo de corruptos, faro de la justicia, luz de los ERE y espada de la verdad.
En efecto, ha sido de nuevo la tenaz magistrada Mercedes Alaya quien ha sabido hallar indicios delictivos allí donde juez instructora, fiscales, interventores y guardias civiles no habían visto nada.
De nuevo el finísimo olfato de Alaya para detectar el fétido tufo del clientelismo y la corrupción socialistas ha conseguido poner a un paso del banquillo a la banda de Fernández. Como ponente de la sala de la Audiencia de Sevilla que decidía sobre los recursos contra el archivo del caso, Alaya es la autora intelectual de la tesis –avalada por sus tres compañeros de sala– de que en la adjudicación de la mina hubo algo turbio.
Es una turbiedad de la misma estirpe que la detectada por Alaya en el escándalo de los ERE, donde, salvo que el Supremo tumbe la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla, su olfato acertó de pleno.
Ciertamente, no sucedió lo mismo en los casos Betis, Mercasevilla o cursos de formación, que a la postre quedarían reducidos a meras burbujas judiciales que investigaciones o sentencias de otros órganos judiciales pincharon sin contemplaciones.
‘Preferiría no hacerlo’
Tan flagrantes indicios de ilegalidad apreció Alaya en el caso Aznalcóllar, que por dos veces el tribunal de la Sala Séptima de la Audiencia anuló el archivo provisional dictado por la juez instructora con el respaldo de la Fiscalía, que por su parte ha pedido su sobreseimiento hasta en cuatro ocasiones.
Finalmente, la juez Patricia Fernández se ha dado por vencida y esta semana ha dictado auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, paso previo sentar en el banquillo a ‘Los 9 de Fernández’, en principio por prevaricación aunque podrían sumársele otros delitos.
En este auto que antecede al juicio oral, cabe leer entre líneas que la instructora sigue estando íntimamente en desacuerdo con el criterio de la Audiencia de Sevilla. “Preferiría no hacerlo”, parece decir Patricia Fernández, quien, al hilo de la tesis de Alaya y de la Audiencia, admite una “probabilidad razonable” de que se hubiera cometido algún delito, si bien ella misma ha venido pensando lo contrario durante los cinco últimos años.
La instructora justifica así la continuación de la causa: “La Audiencia Provincial [entiende] que existen sólidos indicios de la presunta comisión de un delito de prevaricación en la resolución de la primera fase del concurso y la resolución de adjudicación derivado de la connivencia” entre Vicente Fernández, entonces Secretario General de la Consejería de Innovación, y los empresarios ganadores del concurso, con los cuales aquel mantenía “un trato cercano y de confianza” y para lo cual actuaron “de común acuerdo con los responsables de la Mesa de Contratación”.
Los 9 habrían actuado concertadamente para otorgar el contrato a una empresa que, según Alaya y la Audiencia, ni siquiera cumplía los requisitos para optar al concurso.
Del ‘no hubo nada’ al ‘hubo todo’
En el primer auto contra el archivo de la causa, de 59 páginas y fechado en octubre de 2016, Alaya ordenaba reabrir la investigación ante los "indicios de ilegalidades severas y arbitrarias" en el procedimiento administrativo, así como la vulneración "flagrante" la Ley de Minas.
En otra resolución contra el sobreseimiento pretendido por la instructora, Alaya seguía apreciando “indicios sólidos de prevaricación (…) no meras conjeturas ni suposiciones”.
En su segundo auto contra el archivo, Alaya se despachaba a gusto contra los argumentos de la instructora: donde ésta no había visto nada, la ponente Alaya y la Audiencia de Sevilla veían indicios de una “patente, grosera y burda ilegalidad” y de “un plan preconcebido” por los investigados para favorecer a la empresa adjudicataria, de manera que los políticos y funcionarios que intervinieron en el proceso de adjudicación fueron ascendidos, indicio de su “recompensa por los actos ilícitos presuntamente realizados”.
La hipótesis de los ascensos, que probarían el delito de cohecho, fue rotundamente desmentida por un informe de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado en marzo de 2020.
Por el contrario, la instructora que ahora acepta disciplinadamente los argumentos inculpatorios de Alaya, además de sostener que los hechos investigados serían, en todo caso, materia de la jurisdicción administrativa pero nunca de la penal, había reiterado en sus autos de archivo razonamientos como estos:
1) “A nadie se le escapa que resulta difícil sostener la figura de la prevaricación, que exigiría afirmar que las personas denunciadas, actuando de común acuerdo, resolvieron injustamente a sabiendas sin que se haya podido poner de manifiesto cuál fuera el móvil de dicha actuación",
2) “Sobre este particular [la concertación de los investigados para prevaricar] no se ha podido encontrar rastro alguno a lo largo de la presente investigación, ni siquiera tras el análisis y rastreo que la UCO lleva a cabo de decenas de miles de correos electrónicos de los que no se puede extraer sospecha o indicio de contubernio entre los miembros de la mesa del concurso o de la comisión técnica".
Un empresa “sin historial” minero
En cuanto a la idoneidad de Emerita Resources, la empresa perdedora y denunciante, una auditoría independiente elaborada por la empresa McGovern Hurley y conocida en septiembre pasado, daba una vuelta más de tuerca al enrevesadísimo caso Aznalcóllar.
La auditoría evidenciaba la apurada situación económica de la compañía promotora de la denuncia de Aznalcóllar, subrayaba que “es una compañía relativamente nueva (…) que carece de historial en negocios u operaciones mineras” y concluía que para llevar a cabo los proyectos mineros comprometidos “necesitará fondos adicionales”, pero “no hay certeza de que la compañía sea capaz” de obtenerlos.
A propósito de la demoledora auditoría de McGovern Hurley, expertos consultados por Europa Press consideraron que Emerita carece de “la más mínima posibilidad de llevar a cabo la explotación de la mina de Aznalcóllar”.
Para dichos expertos, la judicialización de la adjudicación de los derechos de dicho yacimiento ha supuesto un “balón de oxígeno y asidero transitorio para la estrategia especulativa de la empresa, que ha servido para poder acudir a constantes ampliaciones de capital”.