Otros que se suman al "frente institucional contra los desahucios"
La consejera ha recordado que con estos 19 municipios ya son 69 los que constituyen en Andalucía el "frente institucional contra los desahucios". "E iremos, paso a paso, ensanchando y fortaleciendo ese bloque", ha añadido. A los 69 ayuntamientos se suman la Diputación de Huelva y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
"El derecho a la vivienda está siendo sistemáticamente pisoteado en España"
Cortés ha subrayado que la propia relatora de la ONU especializada en la materia ha denunciado que "el derecho a la vivienda está siendo sistemáticamente pisoteado en España, donde cientos de miles de familias han quedado hipotecadas de por vida y, tras perder su empleo, no pueden hacer frente a ese compromiso". "Ante situaciones de emergencia, las administraciones deben adoptar medidas de emergencia", ha afirmado la consejera.
Cortés ha precisado que el Gobierno andaluz "no puede cambiar" las leyes
En este sentido, ha precisado que "aunque el Gobierno andaluz no puede cambiar la Ley Hipotecaria, del siglo XIX, ni la Ley de Enjuiciamiento Civil, o impedir que el Estado riegue de dinero público a las entidades financieras sin exigirles contrapartidas", lo que sí está haciendo su departamento es un importante esfuerzo en el ejercicio de sus competencias para "plantar cara con todos los instrumentos a su alcance a esta lacra social, poniéndose del lado de las víctimas y rompiendo la neutralidad institucional" entre la familia y la entidad financiera, ya que existe entre ambas partes "un abismo de privilegios y de estatus a favor de los bancos". Además, ha explicado que "en esta forma de entender la vivienda, como derecho y no como mercancía, es donde se inserta, en octubre de 2012, la apertura de las oficinas provinciales del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda", que en sus primeros tres meses y medio de funcionamiento, del 8 de octubre del pasado año al 25 de enero, evitaron 969 desahucios en toda Andalucía.
Detalles del convenio
El acuerdo firmado por la Consejería y los ayuntamientos garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en estos municipios de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual. "Con estos acuerdos, el servicio que presta nuestra oficina en Granada llega a más puntos de la provincia, con más facilidad", ha señalado Cortés, que ha animado al resto de alcaldes y alcaldesas de la provincia a firmar el acuerdo.
Otros compromisos
También se comprometen, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de las Delegaciones Territoriales de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.
Colaboración entre la Consejería y los ayuntamientos
El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública. Los ayuntamientos facilitarán a las Delegaciones Territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.
Constitución de una Comisión de Seguimiento
Estos acuerdos contemplan la constitución de una Comisión de Seguimiento par dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.
