La imagen de ciudad próspera, de urbanizaciones exclusivas y crecimiento constante que proyecta el alcalde imputado de Estepona, José María García Urbano, convive con una realidad mucho menos reluciente. Es la de una localidad donde los jóvenes nacidos allí se ven expulsados por el precio inalcanzable de la vivienda y donde, paradójicamente, ni siquiera quienes han logrado comprar una casa pueden vivir en ella.

Ese es el caso de 72 familias de la promoción Alma, en pleno centro urbano, que este viernes salieron a la calle para exigir una solución inmediata a un problema tan básico como insólito: sus viviendas están terminadas desde hace meses, pero no pueden habitarlas por falta de suministro eléctrico, lo que bloquea la concesión de la Licencia de Primera Ocupación (LPO).

Sin luz no hay licencia; sin licencia no se puede vivir, escriturar ni, en muchos casos, acceder a la financiación bancaria. Un auténtico callejón sin salida que llevó a cerca de un centenar de vecinos a concentrarse ante el Ayuntamiento de Estepona y a marchar después hasta el residencial y la sede de la promotora Level, entre pancartas y consignas como “queremos luz” o “la luz es un derecho, no un privilegio”.

“Estamos al límite, esto no aguanta más”. Así resumía la situación el portavoz y presidente de la Asociación de Damnificados de las Viviendas Alma de Estepona (ADVAE). Según explica, el origen del conflicto se remonta a 2021, cuando —según denuncian— una deficiente coordinación entre el Ayuntamiento y la eléctrica Endesa provocó que no se reservase la potencia necesaria durante la tramitación urbanística.

Pese a ello, las obras siguieron adelante y el edificio se construyó en 2022. Las viviendas se entregaron en mayo de 2025, momento en el que los compradores descubrieron que el suministro eléctrico no estaba garantizado. Para entonces, muchos ya habían vendido su anterior vivienda, firmado hipotecas o adquirido mobiliario. Hoy, siguen esperando.

La situación se complicó aún más en el verano de 2024, cuando Endesa suspendió las solicitudes de potencia superiores a un megavatio por la saturación de la red en la Costa del Sol. La compañía sostiene que la promoción Alma se ve afectada por esta restricción y por la falta de tramitación completa de un expediente municipal. Los vecinos, en cambio, subrayan que se trata de un proyecto iniciado años antes y que no debería verse penalizado por problemas posteriores de capacidad eléctrica.

Desde la asociación denuncian, además, la presión de la promotora para que los compradores elijan entre renunciar a la vivienda o escriturar sin LPO, una opción que, en la práctica, impide residir legalmente en los pisos.

El Ayuntamiento, por su parte, evita asumir responsabilidades directas e intenta quitarse “el muerto de encima” trasladando el problema al ámbito estatal, reclamando al Gobierno central medidas estructurales para garantizar el suministro eléctrico en futuros desarrollos urbanos.

Mientras se pasan la pelota, 72 familias siguen sin poder encender la luz en las casas que compraron hace cuatro años. Una escena que desmiente el escaparate de lujo y progreso y revela, una vez más, la otra cara de Estepona.