Hace más de un año los bomberos forestales de Andalucía presentaron un conflicto colectivo al entender que no se respetaban los descansos entre guardias. A día de hoy, todavía no han recibido respuesta a pesar de que elevaron el documento en agosto de 2024.

“Es extrañísimo porque hemos interpuesto otros conflictos colectivos anteriormente, siempre se han admitido y el juicio sale a los cuatro meses o así, pero en este caso no ha sido así”, explica en declaraciones a ElPlural.com Serafín Martín, uno de los responsables de la Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía (UITA).

Martín explica que la Justicia les pidió subsanar algún aspecto, pero que no tardaron en hacerlo: “A pesar de la insistencia del abogado no se ha admitido a trámite, ni siquiera nos dan una solución, nos explican por qué… No nos dicen nada. Es como si hubiera una mano oculta”.

Los bomberos forestales lamentan que la administración competente -el tema ahora depende de Presidencia de al Junta de Juanma Moreno Bonilla- no respeta los descansos de sus guardias. Estos, según proyecta el protagonista de las presentes líneas, deberían ser de doce horas si se atiende al estatuto de los trabajadores y a “cualquier convenio” con alguna excepción. “Los descansos pueden ser de diez horas en caso de urgencia, con dos horas compensables”, detalla el representante de UITA.

Condiciones indignas y peligros para la salud

Los incendios del último verano -han sido los peores meses estivales de este siglo- han vuelto a dejar patente las condiciones a las que se enfrentan los bomberos forestales, algunas de las cuales los damnificados han querido expresar con contundencia y en detalle ante este periódico.

La lista que da forma al abandono que sufren quienes combaten las llamas se traduce en instalaciones y materiales deficientes, comidas indignas e incluso situaciones que podrían poner en riesgo la salud del personal. Sobre esto último, la misma fuente que relata a ElPlural.com el funcionamiento de los descansos laborales expresa, por ejemplo, que hace años que los sistemas de pararrayos que tienen las casetas de los equipos no se revisan.

“Estos espacios se encuentran en lugares estratégicos de todas las sierras de las diferentes provincias y en el conjunto de la comunidad”, señala, aunque el área en el que él se mueve es Almería. “Están colocadas en zonas altas de forma estratégica y contemplan instalaciones con placas solares, etc. Pero por su ubicación tienen riesgos cuando caen rayos, por eso la existencia de este sistema”, apostilla: “Eso sí, tiene que revisarse, y además por una empresa certificada. Nosotros hemos solicitado los informes (…) Pero hace mucho tiempo que pasan una revisión, a lo mejor ocho años o más”.

Concretando una de las deficiencias por las que las casetas no cumplirían con la normativa, Martín acentúa que los cables que deberían ir soterrados están en muchas ocasiones al descubierto: “Tiene que estar al menos 50 centímetros debajo de la tierra, pero aquí va por encima”. “Si viene una tormenta, estas cosas pueden repercutir seriamente en la vida de los trabajadores”, advierte.

Otros episodio que también narra la voz que pone pie en pared ante la dejadez de la administración pública es el que tiene que ver con la caducidad de los casos o los fallos en las obras de espacios de trabajo. Un caso muy palpable de esto es el que se da en el Subcentro Forestal de Laujar de Andarax (Almería), que continuaría sin tener operativos los cuartos de baño, obligando así a los bomberos a orinar en los alrededores.

“Por aquí pasan al menos 50 personas al día, muchas de ellas mujeres”, recrimina Martín, quien ha accedido a la Inspección, tal y como ha podido comprobar este medio, después de “20.000 gestiones”. “La situación es insoportable. Han dejado incluso que se pase el plazo para poder reclamar a la empresa; y ahora se enteran de que falta una instalación”.

“Al final hemos tenido que tomar la decisión más drástica (…) Pero es que pedimos algo tan básico como que el personal pueda estar los tiempos de espera en un sitio, más con las temperaturas que tenemos en verano. Debemos disfrutar de una base si queremos trabajar con dignidad. No pedimos otra cosa que que se respete la normativa de los lugares de trabajo”.

Este año las llamas han calcinado 380.000 hectáreas, 34.000 solo en agosto, según los datos que maneja el Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (EFIS) de Copernicus. Las comunidades más afectadas han sido Galicia, Castilla y León y Extremadura, donde la ciudadanía ha lamentado la escasa y tardía actuación de sus Ejecutivos, todos ellos de signo ‘popular’. También, aunque en menor medida, Andalucía, la Comunidad Valenciana o Madrid.

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