El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha optado por esquivar las críticas de la asociación de víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, que dejó 46 fallecidos, al asegurar que “no voy a entrar en debate con la asociación”. Una declaración que ha intensificado el malestar entre los afectados, que denuncian una “gravísima falta de coordinación y asistencia inmediata de los medios sanitarios” en el dispositivo de emergencias desplegado tras la tragedia.
Según ha recogido la Cadena SER, las víctimas han trasladado al presidente andaluz, Moreno Bonilla, como responsable de los servicios de la Junta de Andalucía, un escrito en el que detallan múltiples fallos en la respuesta institucional aquella noche y le exigen una investigación interna exhaustiva ante lo que califica como una posible “responsabilidad patrimonial por función anormal de la Administración Pública”. Entre las principales críticas, apuntan a problemas en la gestión de las llamadas al 112, retrasos en la atención y falta de información a los familiares en los momentos más críticos. La asociación sostiene que hubo momentos de “caos organizativo” en los que no existía una coordinación eficaz entre los distintos servicios de emergencia.
Además, denuncian que la asistencia psicológica y el acompañamiento a las víctimas y sus familias fue insuficiente, especialmente en las primeras horas tras el accidente. También cuestionan la ausencia de protocolos claros para la atención integral en una catástrofe de estas dimensiones, lo que, a su juicio, agravó el impacto de la tragedia.
Pese a este relato, Sanz ha evitado responder directamente a estas acusaciones y ha centrado su intervención en cargar contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que acusa de generar una “cortina de humo” para eludir responsabilidades. El consejero ha defendido que la actuación de los servicios de emergencia fue “perfecta” y ha negado cualquier fallo estructural en el sistema, insistiendo en que el 112 “no se cayó” durante la emergencia.
Así, Sanz ha señalado: “No estoy dispuesto a que se manche a los profesionales”, rechazando entrar en lo que considera una polémica politizada. Sobre las informaciones que apuntan a que algunas llamadas tuvieron que anotarse manualmente, ha restado importancia a este hecho, argumentando que se trató de una medida puntual ante la acumulación de avisos. Sin embargo, para los afectados, estos episodios evidencian carencias estructurales que deben ser investigadas y corregidas. Tal y como recoge el abogado de la asociación de Víctimas de Adamuz, Antonio Benítez Ostos, no son “problemas nuevos” ya que se trata de un sistema con “múltiples deficiencias”.
Mientras tanto, la asociación mantiene que existieron disfunciones que pudieron agravar la gestión de la tragedia, reclamando explicaciones más detalladas y una asunción de responsabilidades que, por ahora, no llega.
Cribados, una polémica “zanjada” por la Junta
Este patrón de respuesta del consejero se ha repetido en otro de los frentes que han marcado la actualidad sanitaria en Andalucía: los fallos en los programas de cribado de cáncer de mama. En este caso, Sanz ha dado por cerrada la polémica al asegurar que “ocurrió lo que ocurrió, quedó claro, dimos la cara y seguimos mejorando protocolos”.
Sin embargo, las mujeres afectadas no comparten esa visión. Tal y como han expresado públicamente, muchas de ellas se ven obligadas a acudir a los tribunales para reclamar una compensación por los retrasos en sus diagnósticos: “Nos veremos delante de un juez y esperamos que haga justicia”, han señalado, evidenciando la distancia entre el relato institucional y la experiencia de las pacientes.
Los casos denunciados apuntan a demoras en la realización de pruebas y en la comunicación de resultados, lo que habría retrasado diagnósticos clave en enfermedades de alta gravedad. Este contexto ha generado una fuerte crítica social y política hacia la gestión sanitaria de la Junta, especialmente durante la etapa en la que se produjeron estos fallos.
Un mismo patrón ante la crítica
Tanto en el caso de Adamuz como en el de los cribados, la actuación de Sanz refleja una línea común: evitar el debate directo con los colectivos afectados y dar por cerradas las controversias. Mientras en el primer caso se niega a confrontar con la asociación de víctimas, en el segundo se da por superada una crisis que aún sigue teniendo consecuencias para quienes la han sufrido.
Este enfoque ha sido cuestionado por distintos sectores que consideran necesario un mayor ejercicio de rendición de cuentas, especialmente en asuntos que afectan de forma directa a la seguridad y la salud de la ciudadanía. La acumulación de críticas en ambos frentes ha contribuido a reforzar la percepción de desgaste en la gestión de emergencias y sanidad en Andalucía.
