Hasta cinco veces ha necesitado el juez requerir al obispo de Granada, Javier Martínez, para que entregara la documentación que tiene en el Arzobispado sobre el supuesto caso de abusos sexuales a menores por sacerdotes de su Diócesis. Como informábamos la pasada semana sobre este asunto daba la impresión de que Martínez se creía con un estatus legal especial y se reía de las Justicia.

Entrega la documentación acosado por la ley y presionado por el Papa
Sin embargo, acosado por distintos frentes como el judicial, el mediático y el procedente del propio Vaticano, ayer entregó la documentación al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada. Lo ha hecho, sin duda, forzado por el acoso judicial que amenazaba con hacerlo cumplir por la fuerza de la ley como a cualquier ciudadano español. Pero también se sabe que hasta el mismo Vaticano e incluso el propio Papa, han tenido que intervenir para obligar a Javier Martínez a cumplir con su deber y entregar toda la información requerida legalmente.

Sospechosa y reiterada obstrucción a la Justicia
El arzobispo, había intentado de manera reiterada y por ende sospechosa, eludir la colaboración en la instrucción amparándose en la jurisdicción del Vaticano. Ya en poder del juzgado la documentación que tanto se resistía a entregar, se abre una interrogante que será descifrada y es saber que motivos tenía Javier Martínez para no querer que se conociera determinadas informaciones que solo el Arzobispado sabía, derivado de los interrogatorios que este realizó cuando el caso de supuestos abusos sexuales saltó a la opinión pública.

Por fín Martínez ha remitido al Juzgado de Instrucción número 4 la documentación solicitada sobre los supuestos abusos sexuales de sacerdotes contra menores presentándola ante el Juzgado de Guardia y transmitiéndole las cautelas y reservas que protegen dichos documentos.

Ultimátum de tres días dado por el juez
El pasado miércoles, el juez que instruye el caso dio un plazo de tres días al arzobispo para que le remitiera la documentación íntegra que obre en su poder sobre este asunto y le recordó al prelado que el propio Papa le pidió que colaborara con la justicia.

El Arzobispado pide "cautelas y reservas"
El Arzobispado de Granada informaba ayer de que, de acuerdo con la legislación aplicable y con las indicaciones de la autoridad competente de la Iglesia, "se le han transmitido las cautelas y reservas que protegen esa documentación", al tratarse de datos obtenidos "en el ámbito eclesial" y que responde "a la normativa canónica propia de ese ámbito". La pregunta de nuevo que cabe realizarse es ¿a que informaciones para el esclarecimiento de los hechos hay que aplicar "cautelas y reservas"? ¿Si se se trata de unos supuestos delitos de extrema gravedad cometidos por sacerdotes de su Diocesis ¿que hay que callar?

Retraso por hallarse en Madrid el arzobispo
Desde la curia se especifica que el arzobispo se encontraba el pasado miércoles y jueves en Córdoba y Madrid gestionando "diversos asuntos" relacionados con su ministerio en la diócesis y no fue hasta el viernes 29 cuando acudió a la hora convenida con los notificadores judiciales para conocer el auto dictado por el Juzgado de Instrucción 4.

Según el Arzobispado,Javier Martínez "ha venido cooperando con la autoridad judicial", ha precisado la nota, en la que se especifica que se instó al denunciante, al ser mayor de edad, a que presentara la correspondiente denuncia ante las "autoridades civiles".

Protección de datos de "rango internacional"
Dado que los documentos se encontraban "protegidos" por un acuerdo de "rango internacional" y el procedimiento canónico "en manos de la Santa Sede", al arzobispo se le hacía "imposible" disponer "a su arbitrio" sin "violar tanto el ordenamiento legal vigente como la disciplina de la Iglesia".

Diez imputados en la causa
En la causa, cuya investigación comenzó en octubre del 2014, fueron imputados diez sacerdotes y dos seglares, aunque el principal imputado, el padre Román, es el único contra el que actualmente continúan las actuaciones judiciales.

El juez advirtió al arzobispo de delito de desobediencia
En su auto de requerimiento, el juez señalaba que en caso de incumplimiento el arzobispo podría incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial o de denegación de auxilio a la justicia, respecto a lo que se librarían los oportunos testimonios para depuración de sus presuntas responsabilidades.