El Gobierno central ha inyectado un "balón de oxígeno" al sistema de la Dependencia andaluza, que vive sumido en un "colapso" asistencial, según denuncian tanto la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) y la oposición política, basándose en los últimos datos que conocimos a finales de mayo, que cifraban en más de 50.000 andaluces en listas de espera con más de 2.204 personas fallecidas sin recibir prestación en lo que llevamos de año. Ahora, el Ministerio de Derechos Sociales ha anunciado que el Gobierno de España transferirá 954 millones de euros, en concreto, 953.804.556 euros, a la Junta de Andalucía entre los años 2026 y 2027 para financiar el "nivel mínimo" del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Esta inyección económica, que entra en vigor de forma inmediata este próximo 1 de julio, se sustenta en el real decreto-ley aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. El objetivo de Moncloa es frenar la sangría del sistema incrementando de forma drástica las cantidades que transfiere cada mes a las comunidades autónomas por cada persona que tiene un grado reconocido de dependencia.
La subida es especialmente significativa para los casos más graves y urgentes. Según los datos del Ejecutivo central, la dotación del Estado por cada paciente en grado III (gran dependencia) aumenta un 128%, mientras que la aportación para los de grado II (dependencia severa) crece un 100%. A esto se suma un incremento del 18% para el grado I (dependencia moderada). Estas subidas consolidan la aportación estatal al sistema de dependencia como "la mayor de su historia".
Tomando como referencia los datos del Imserso a 31 de mayo de 2026, Andalucía cuenta actualmente con 352.209 personas con prestaciones reconocidas. Con la nueva tabla de cálculo en la mano, el desembolso extra para la comunidad que preside Moreno se desglosa en dos tramos vitales: la Junta recibirá casi 318 millones de euros más (317.934.852 euros) en lo que resta de 2026, y una partida adicional de 636 millones de euros (635.869.704 euros) para el ejercicio 2027.
En términos globales, sumando lo que ya estaba presupuestado y este nuevo "nivel mínimo", la aportación total del Estado a la dependencia andaluza superará los 957 millones de euros en 2026 y escalará por encima de los 1.275 millones en 2027. Desde el Gobierno advierten que, de no haberse aprobado esta medida de urgencia, las arcas andaluzas apenas habrían percibido 640 millones, insuficientes para sostener la demanda actual. Queda pendiente, además, la negociación del llamado "nivel acordado", otra vía de financiación que se debatirá en el próximo Consejo Territorial del 29 de junio y que engordará aún más estas cifras.
La cara oculta: 2.204 muertos en el laberinto andaluz
Sin embargo, esta lluvia de millones choca con la cruda realidad que viven las familias andaluzas sobre el terreno. Mientras el Gobierno autonómico del PP presume recurrentemente de cifras récord de inversión y de altas en el sistema, las entidades sociales y la oposición política denuncian la existencia de una "cara oculta" marcada por el colapso administrativo.
Los datos son demoledores. En la actualidad, el sistema andaluz mantiene a cerca de 50.000 personas atrapadas en las listas de espera, ya sea aguardando la valoración de su grado o la asignación del recurso que les corresponde por ley. El tapón burocrático es de tal magnitud que el tiempo medio para resolver un expediente supera los 440 días, superando con creces el máximo legal establecido en seis meses.
La consecuencia más trágica es que en lo que va de año, 2.204 andaluces han fallecido esperando recibir la prestación que ya tenían solicitada o incluso reconocida. Personas que se marcharon sin que la administración autonómica llegara a tiempo para garantizarles unos cuidados dignos.
La advertencia de FOAM: que la Junta no dé un paso atrás
Ante este escenario, la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha levantado la voz. Las reclamaciones del colectivo de mayores son claras: exigen que esta histórica inyección de fondos estatales se traduzca de forma inmediata en contrataciones de personal y en la agilización de los trámites para reducir a cero la lista de espera.
Desde FOAM y otros colectivos en defensa de la dependencia existe un temor fundado: que el Gobierno de Moreno Bonilla utilice este aumento exponencial de la financiación del Estado para "relajar" su propia aportación autonómica. Las organizaciones sociales advierten a la Junta de Andalucía de que estos 954 millones extra no pueden servir para sustituir fondos propios y cuadrar presupuestos, sino que deben sumarse a la inversión autonómica existente para conformar un verdadero plan de choque que ponga fin a las demoras letales del sistema.
La Junta reacciona
En paralelo a esta inyección estatal, el Gobierno andaluz ha movido ficha para reivindicar su peso y gestión en el sostenimiento del sistema. El Consejo de Gobierno ha autorizado destinar más de 776 millones de euros para la prestación de servicios bajo la modalidad de concierto social, garantizando un total de 26.328 plazas para personas mayores en situación de dependencia en la comunidad.
Este nuevo concierto, que tiene previsto entrar en vigor el 1 de octubre de 2026 con una duración inicial de dos años (hasta 2028), abarca 18.540 plazas de atención residencial y 7.788 de centros de día. Desde la Junta de Andalucía defienden que esta licitación supone un incremento neto de 2.000 plazas respecto al acuerdo anterior. Un paso con el que la Consejería de Inclusión Social confía en aliviar la presión asistencial y dar respuesta a la creciente demanda de las familias.
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