La diputada de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha manifestado en una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía que su grupo registrará iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones al Gobierno de Moreno Bonilla sobre la adjudicación de las obras de reforma del Estadio de La Cartuja de Sevilla, realizadas para adaptar la instalación como sede de la Eurocopa 2021.
La iniciativa surge tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala al exsecretario general para el Deporte de la Junta, José María Arrabal, y al gerente del estadio, Daniel Oviedo, como posibles destinatarios de comisiones vinculadas a la adjudicación del proyecto.
Según la parlamentaria, estos hechos se enmarcan además dentro de la investigación judicial relacionada con el denominado caso de la Supercopa que afecta al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
Sospechas sobre la adjudicación de las obras
Por otro lado, la diputada de Por Andalucía ha defendido que su grupo lleva tiempo trabajando sobre este asunto y ha recordado que ya habían registrado iniciativas parlamentarias relacionadas con la reforma del estadio.
En este sentido, ha subrayado que el proyecto habría contado con un presupuesto cercano a los cinco millones de euros y ha asegurado que esa cantidad procedía inicialmente de una partida destinada a escuelas infantiles. Además, Gómez ha apuntado que existen aspectos del procedimiento que consideran “sospechosos”, como el hecho de que las obras comenzaran antes incluso de que se completara el proceso formal de licitación. “Podría haber mucho más”, ha advertido la parlamentaria, quien ha insistido en la necesidad de que el Gobierno andaluz dé explicaciones detalladas sobre cómo se gestionó la contratación y sobre los controles aplicados durante el proceso.
Más allá del caso concreto de La Cartuja, Esperanza Gómez ha planteado una crítica más amplia a la estrategia del Gobierno andaluz de apostar por atraer grandes espectáculos y eventos deportivos o culturales a la comunidad. Según ha afirmado, esta política puede generar importantes beneficios económicos, pero también puede dar lugar a prácticas irregulares si no se aplican mecanismos de control adecuados.
En este sentido, la diputada ha sostenido que la apuesta por convertir Andalucía en escenario de grandes acontecimientos “acaba facilitando corrupción política” al generar oportunidades para “grandes pelotazos”. A su juicio, esta estrategia convierte a la comunidad en un escaparate para macroeventos mientras se corre el riesgo de relajar los controles sobre el uso de fondos públicos. “El PP quiere convertir a Andalucía en escaparate de estos eventos”, ha afirmado Gómez, quien ha añadido que esta política podría ir acompañada de intentos de “sortear el control del dinero público”.
La contratación pública a debate
Durante su intervención, la parlamentaria también ha abordado el funcionamiento de la normativa que regula los contratos públicos en España. Así, Gómez ha señalado que la Ley de Contratos del Sector Público establece procedimientos complejos que, en ocasiones, han sido criticados por su carácter burocrático.
No obstante, ha defendido la importancia de estas normas como mecanismo para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos. “En España el uso del dinero público no siempre se ha hecho bien”, ha sostneido, argumentando que precisamente por esa razón es necesario mantener controles rigurosos sobre los contratos que firman las administraciones.
La diputada también ha hecho referencia a la gestión de la contratación en el ámbito sanitario, donde, según indicó, se han producido situaciones en las que se han fragmentado contratos excepcionales para facilitar su adjudicación.
En el análisis de la situación, Gómez también ha apuntado al papel que desempeñan las grandes empresas vinculadas a la organización de eventos deportivos o culturales de gran escala. “Lo que antes hacían las constructoras ahora lo están haciendo estas grandes empresas que organizan macroeventos”, ha afirmado la diputada, pidiendo analizar con “máxima seriedad” las posibles implicaciones de estas dinámicas.
La parlamentaria ha considerado especialmente relevante que el informe de la Guardia Civil mencione a un exresponsable político de la Junta, lo que, a su juicio, obliga a extremar la transparencia en la gestión pública.
