La jueza Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE de Andalucía, ha dicho hoy que aunque tiene "la mejor" de las sensaciones ante el juicio actual por esta causa, le genera "una incertidumbre fea" la sentencia que pueda dictar la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia andaluz, informa EFE.
En una conferencia ofrecida en Valencia sobre independencia judicial, Alaya ha defendido la "exhaustiva" instrucción llevada a cabo desde 2011 contra la supuesta corrupción en el Gobierno andaluz y el hecho de que haya "muchísima prueba documental" con elementos "irrefutables" que la avalan, pero ha advertido sobre la politización de la justicia en general y en este caso en particular. "Como instructora del caso, mis sensaciones son buenas, lógicamente. Luego, la sentencia que se dicte pasará a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, teniendo en cuenta que un tercio de sus miembros ha sido elegido por el Parlamento autonómico y el presidente del Tribunal, al que tengo todos mis respetos, también es un cargo discrecional", ha explicado.
"Esa apariencia, aunque sean los mejores profesionales del mundo, es lo que nos quita el sueño a muchos, nos genera una sensación de incertidumbre fea que no querríamos tener", ha dicho Alaya en la Ciudad de la Justicia de Valencia en el turno de preguntas tras la conferencia "Independencia judicial", organizada por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.
Las apariencias
Precisamente uno de los reproches más recurrentes a la instrucción de Alaya ha sido el no haberse preocupado mucho de quebrar la apariencia de imparcialidad al dictar algunos de sus autos más relevantes, como cuando planteó la imputación de los altos cargos del Gobierno andaluz coincidiendo con la presentación del nuevo Ejecutivo de susana Díaz.
Esta jueza de la Audiencia Provincial de Sevilla ha criticado también que se hiciera pública, en 2015, la carta que había remitido al Consejo General del Poder Judicial para rechazar ser sustituida en la instrucción del caso por la jueza María Núñez y donde argumentaba la "estrecha relación" de esta con el entonces consejero de Justicia andaluz, Emilio de Llera.
Además de aludir a esa relación, Alaya arremetió durísimamente sobre la competencia profesional de Núñez para llevar su causa de los ERE, hasta el punto de que, siendo Núñez la titular del Juzgado y por tanto la máxima jerarquía del mismo, sus descalificaciones hacían muy difícil la colaboración entre ambas.
"Yo no critiqué a esa señora"
"Al no tener independencia judicial, pese a haber sido una carta secreta y con un destinatario -el entonces presidente del CGPJ-, se dio con intereses políticos a todos los medios de comunicación. Yo tenía esa sospecha -de la relación entre ambos-, claro", pues era algo "absolutamente" conocido a su juicio en Sevilla, según Alaya. Ha criticado la injerencia política para que ella no siguiera instruyendo esta causa para lamentar que los jueces estén "expuestos a todo". A lo que ha añadido: "Yo no critiqué a esa señora -la juez Núñez-; yo manifesté mis dudas personales a quien tenía que manifestarlas, no al público en general".
En cuanto al "problema catalán" y las implicaciones que está teniendo para el poder judicial, ha asegurado que "quizás no sea el momento" para debatir sobre la independencia judicial y ha reconocido que esta situación le ha quitado el sueño "muchas noches".
Asimismo, ha señalado que aunque respeta la ideología de cada uno, ella está al lado de las instituciones públicas y ha asegurado no entender por qué los independentistas catalanes intentan ampararse en el derecho de otros países, como Bélgica, cuando España puede dar ejemplo a esos sistemas procesales.
Por otra parte, ha criticado que los principales cargos judiciales sean nombrados a dedo y ha declarado: "¿Por qué dentro del órgano de gobierno de los jueces hay políticos? Para controlarnos, y porque de ahí depende el nombramiento de cargos", "un montón de cargos importantes". Por ello Alaya apuesta por un Consejo General del Poder Judicial independiente y por que se establezca un baremo objetivo, para que quienes ocupen estos cargos no dependan del poder político.
