“De no garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la gestión del suelo y del agua en Doñana, creemos que la reputación y el desarrollo a largo plazo de toda la región como zona de abastecimiento agrícola pueden quedar comprometidos (…) Confiamos en que desista de las modificaciones propuestas”.
Es uno de los párrafos contenidos en la carta que 23 cadenas de supermercados de la Unión Europea han remitido al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y a los ministros de Transición Ecológica y Agricultura, Teresa Ribera y Luis Planas.
Los distribuidores –entre los que figuran cadenas como Aldi, Edeka, Lidl, Migros, Sainsbury's o Tesco y que tienen en España más mil establecimientos– opinan que la legalización de casi 1.500 hectáreas de regadíos ilegales propuesta por el Gobierno andaluz puede “socavar el objetivo de garantizar unos cultivos más sostenibles en el origen de la cadena de suministro y poner en peligro el Parque Nacional de Doñana”.
La posición empresarial cuenta con el respaldo de la organización internacional ecologista WWF, muy beligerante desde que se conocieron las intenciones de la Junta, rechazadas por Unidas Podemos y los diputados de no adscritos liderados por Teresa Rodríguez, pero no por el Partido Socialista, que optó por la abstención.
Como recordaba ayer el coordinador para Doñana de WWF, Juan José Carmona, en su carta las empresas también "hacen un llamamiento" para que "se implemente plenamente el Plan Especial de la Corona Forestal o Plan de la Fresa, tal y como fue acordado en 2014”. Estos supermercados y empresas "compran grandes cantidades de fresas y otros frutos rojos de la región", por lo que, recalca Carmona, "consideran que el Plan Especial vigente constituye una herramienta importante para garantizar unos cultivos más sostenibles".
En la misma línea, el Responsable del Programa Global de Agua Dulce de WWF, Stuar Orr, recalcaba en que "los principales supermercados europeos y las empresas del sector frutícola han dejado claro que este plan de amnistía no debe convertirse en ley porque amenaza el futuro de los insustituibles humedales de Doñana, así como la industria legal que impulsa la economía local".
"Los minoristas europeos y las empresas del sector frutícola se han unido a los conservacionistas, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE, las organizaciones internacionales --Unesco, Ramsar y UICN--, los científicos y el Gobierno español para condenar este plan", recordaba Orr.
Igualmente, el secretario General de WWF, Juan Carlos del Olmo, subrayaba que los supermercados europeos "son muy claros y exigen garantías de que las fresas que comercializan se han producido de forma legal y sin dañar Doñana y respetando la redacción original del Plan de la Fresa aprobado en 2014".
Por ello, Del Olmo considera que la carta es "una poderosa llamada de atención que no debe ser obviada ya que pondrá en entredicho la imagen y credibilidad de los productos de Huelva en Europa en un momento en que la competencia con otros países es cada vez mayor".
WWF considera que, con su propuesta de "indulto para los regantes ilegales de Doñana", el presidente andaluz Juan Manuel Moreno y sus socios de PP y Cs que apoyan la iniciativa están "agravando" la situación de la fresa de Huelva, que actualmente "está pasando una importante crisis ante la huelga del transporte, la sequía o la subida de los costes de producción".
Por ello, WWF ha pedido a las organizaciones que apoyan la propuesta una "reflexión sobre la advertencia sin precedentes de estos veintitrés supermercados, industrias y empresas comercializadoras europeas", al tiempo que ha solicitado "considerar el daño que se puede causar a la reputación internacional y a las ventas de las fresas onubenses en Europa ante las reticencias, cada vez mayores, de los consumidores de no adquirir productos regados ilegalmente que puedan poner en riesgo espacios naturales como Doñana o el Mar Menor", informa Europa Press.
Carmona recuerda que la tramitación de esta ley se produce “tan sólo seis meses después de que el Tribunal de Justicia de la UE emitiera un fallo histórico condenando a España por destruir Doñana debido a extracciones desproporcionadas de aguas subterráneas".
