Esperaban una granada de mano y se encontraron con una bomba de racimo, de esas que al abrirse liberan un gran número de pequeñas bombas. La severísima sentencia de los ERE dejó a los socialistas andaluces conmocionados: nunca imaginaron –ni ellos ni tampoco sus adversarios políticos– que el tribunal de la Audiencia de Sevilla fuera a compartir prácticamente el cien por cien de las tesis acusatorias de la Fiscalía.
Dos expresidentes y 17 ex altos cargos más de la Junta de Andalucía eran condenados por prevaricación y/o malversación por haber ideado y mantenido durante diez años un sistema opaco de concesión de ayudas sociolaborales “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido”, lo cual suponía, según la sentencia, “la ausencia de control alguno de la pertenencia a la empresa de las personas beneficiarias incluidas en las pólizas de rentas sufragadas con fondos públicos”.
Política y justicia
El total malversado rozaría los 680 millones de euros, si bien en torno al 80 por ciento de ese dinero fue a parar a unos 6.000 beneficiarios legítimos, extrabajadores de empresas en crisis muchos de los cuales siguen a día de hoy cobrando las ayudas.
El Tribunal Supremo será, en todo caso, quien diga la última palabra. En él confían quienes, pese a la condena de la Audiencia, están completamente convencidos de su inocencia penal, aunque no tanto de su inocencia política, pues lo que nació –recuerda la sentencia– de “la necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales”, estableciendo para ello “un sistema ágil” de concesión de ayudas derivó, en el mejor de los casos, en una ausencia de controles que posibilitó el uso discrecional y arbitrario del dinero público desde la Consejería de Empleo.
Dos hipótesis
En los cenáculos socialistas se manejan dos hipótesis sobre cuáles habrán de ser los efectos políticos de la sentencia: según la más benévola, la sentencia irá olvidándose paulatinamente a medida que transcurran los meses, lo que permitirá al PSOE andaluz pasar página y recuperarse del mazazo político-judicial; la segunda hipótesis sostiene que, si el Supremo confirma la sentencia de Sevilla, el dictamen judicial operará políticamente como una enmienda a la totalidad de los 37 años de gobiernos socialistas, en cuyo caso la recuperación electoral será extremadamente problemática para Susana Díaz y los suyos.
Los socialistas cuentan con que ‘las tres derechas’ y el Podemos que lidera Teresa Rodríguez resucitarán la pinza de los 90 para mantener viva la llama de los ERE con la intención de transformarla en la hoguera donde arda de una vez por todas Susana Díaz y con ella todo lo que hubiera quedado en pie del socialismo andaluz.
El silencio del PSOE
Visto en perspectiva lo sucedido, se diría que el PSOE de Pedro Sánchez y el PSOE de Susana Díaz –pero especialmente este último– se equivocaron al ponerse el traje de Don Tancredo cuando el morlaco de los ERE salió bufando de los chiqueros. Consiste, como se sabe, el tancredismo subirse a un pedestal y quedarse inmóvil, en la confianza de que el toro pasará de largo pensando que se trata de una estatua.
Los socialistas, en efecto, se limitaron durante años a quedarse quietos y en silencio mientras sus adversarios, amparados en la instrucción judicial del caso, los acusaban una y otra vez de haber-robado-680-millones-de-euros-de-los-parados. Lo más que llegaron a decir desde la calle San Vicente muchas veces y desde Ferraz bastantes menos es que Chaves-y-Griñán-no-se habían-llevado-ni-un-céntimo.
Una condena implícita
Los razonables argumentos utilizados por las distintas defensas en el pasado y ahora recuperados por prestigiosos juristas muy críticos con la sentencia de Sevilla nunca tuvieron reflejo en argumentario alguno del Partido Socialista, que solo muy tardíamente ha empezado a esgrimirlos, aunque de poco servía ya hacerlo porque a esas alturas de la dramática corrida la plaza rugía unánime con el grito ‘el-PSOE-ha-robado-680-millones-de-euros-de-los-parados-andaluces’.
El silencio del PSOE se convertía así en una especie de condena implícita, vergonzante y paralela a la que venían anticipando jueces y fiscales y proclamando políticos y periodistas. Hacer como que el caso de los ERE no existía ha acabado teniendo un efecto contrario al perseguido, pues el silencio socialista era interpretado como un ‘quien calla otorga’ de consecuencias ruinosas en lo político para el partido y devastadoras en lo personal para la mayoría de los procesados.
Es pronto para saber hasta dónde llegará el impacto de la sentencia en el cuerpo electoral socialista. Como mínimo, habrá que esperar a que hable el Supremo. Mientras tanto, se sigue echando de menos un relato alternativo que pase página al tancredismo del pasado y plante batalla al relato hegemónico de 'los socialistas que daban el dinero de los parados a sus amiguetes para ganar elecciones'.
