El Tribunal Constitucional ha tenido a bien estimar el recurso del expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y devolver su caso a la Audiencia de Sevilla para que reconsidere y rebaje su condena de nueve años de inhabilitación, y ha exonerado al expresidente José Antonio Griñán de toda la malversación por la que fue condenado a seis años de cárcel, ambas decisiones en el marco del caso de los ERE. Los afectados siempre han defendido su inocencia ante un asunto judicial con el que el Partido Popular ha sido muy insistente, y del que damnificados como el propio Chaves lo han llegado a calificar como "una operación política y mediática con traje judicial". A raíz de este caso de judicialización, conviene recordar uno de los casos de lawfare más antiguos del país: el de Demetrio Madrid, el primer presidente del Gobierno de Castilla y León.
Hace ya 38 años, el 29 de octubre de 1986, Madrid dimitía de su cargo. ¿El motivo? Haber sido procesado por un presunto delito social a consecuencia de una querella presentada por varias trabajadoras de la empresa textil que había vendido al llegar al cargo. Un delito del que fue absuelto cuatro años más tarde y del que le fueron retiradas todas las acusaciones y cargos, pero que abrió la puerta al entonces diputado por Ávila y presidente de Alianza Popular en la comunidad, José María Aznar, y cambió hasta el día de hoy la situación política de este territorio.
Madrid apenas duró seis meses en el cargo. Su renuncia fue utilizada por Aznar para catapultarse al poder en las siguientes elecciones, sin que la constatación posterior de la inocencia del expresidente por el Tribunal Superior de Justicia sirviera para restituir, hasta la fecha, un gobierno de izquierdas en esta región.
No hubo intencionalidades negativas
Por su parte, el historiador Enrique Berzal recordaba en El Norte de Castilla la rotundidad de los términos de la absolución en la sentencia de la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ que después ratificó el Tribunal Supremo: "El fiscal solicitó para él tres meses de arresto y 300.000 pesetas de multa por descuidar la dirección de su taller. Sin embargo, en enero de 1990, la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ dictó sentencia no solo absolutoria, sino incluso laudatoria para Demetrio Madrid, pues venía a decir que se excedió en sus obligaciones laborales. Sentencia ratificada por el Tribunal Supremo en 1993". Términos similares en los que se manifestaba Jesús Quijano: "Los pronunciamientos de la sentencia fueron muy favorables, porque destacaba la falta de intencionalidad en las acciones del expresidente, que cedió la empresa para evitar incurrir en incompatibilidades una vez llegó al cargo y no tuvo intención de perjudicar los derechos de las trabajadoras. Podría decirse, incluso, que los términos eran laudatorios".
Sin embargo, la decisión se había tomado y el daño ya se había infligido sobre la reputación del socialista. El PSOE, que había sufrido la dimisión de un presidente en el Gobierno autonómico, que después había nombrado como sustituto a uno de los consejeros, José Constantino Nalda, y designado, por último, candidato a las elecciones de mayo a un tercero, Juan José Laborda, perdió en Castilla y León, a pesar de que Aznar y Laborda empataron en número de procuradores y fueron sólo dos independientes de Burgos y Segovia los que inclinaron la balanza hacia Aznar en segunda votación.
Ahora, décadas después, la Justicia ha dado pasos de importancia para poner en orden uno de los casos político-judiciales que más polémica han levantado en los últimos años con la exoneración de Griñán y la evolución del caso de Chaves, además de con el reconocimiento de que los políticos socialistas no se beneficiaron de estas ayudas sociolaborales.