El actual consejero de Cuentas fue presidente del chiringuito protegido por Ayuso

Casi dos décadas después de su creación, el legado de Madrid Network, la red público-privada lanzada por Esperanza Aguirre en 2007, vuelve a perseguir al Gobierno regional. Más Madrid ha solicitado una comisión de investigación para indagar en las presuntas irregularidades que rodean a la entidad y la vinculación de Francisco Cabrillo, actual consejero de la Cámara de Cuentas, que durante diez años presidió su consejo asesor.

La propuesta, registrada formalmente el 22 de octubre de 2025 por la portavoz Manuela Bergerot y una veintena de diputados del grupo parlamentario, plantea la creación de una Comisión de Investigación sobre las responsabilidades políticas y económicas derivadas de la relación entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Madrid Network. El texto invoca el artículo 75 del Reglamento de la Asamblea de Madrid y detalla las reglas básicas de composición, organización y funcionamiento del órgano que, de aprobarse, trabajará entre diciembre de 2025 y junio de 2026.

Según el documento, al que ha tenido acceso ElPlural.com, en los últimos meses “distintas informaciones periodísticas han puesto de relieve la opacidad que rodea a la asociación Madrid Network y su conexión con diversas empresas y altos cargos implicados en presuntas tramas de desviación de fondos públicos en el pasado”. El escrito cita expresamente el llamado “Caso Montoro” y su vinculación con la consultora Equipo Económico, que habría recibido 1,8 millones de euros en contratos de servicios de carácter fiscal por parte de Madrid Network.

La asociación fue cofundada por la Comunidad de Madrid y financiada reiteradamente con fondos públicos a través de la Consejería de Economía. Más Madrid sostiene que la relación entre el Gobierno autonómico y la entidad “sigue vigente a día de hoy”, pese a los intentos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de presentarla como una institución privada sin conexión con la Administración regional. El programa presupuestario, incluido en las cuentas públicas para 2025, recoge expresamente la “participación en la Asociación Madrid Network y sus actividades como socio de la misma”.

El papel de Francisco Cabrillo y las incompatibilidades

Uno de los puntos más delicados del texto apunta a Francisco Cabrillo Rodríguez, actual consejero de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, quien, según el registro, presidió el consejo asesor de Madrid Network entre 2012 y 2022. Más Madrid señala que su nombramiento en el órgano fiscalizador, responsable de supervisar el uso de los fondos públicos, podría suponer un conflicto de interés, al haber desempeñado un papel relevante en la gestión de una entidad bajo investigación.

El grupo parlamentario considera que “el comportamiento ético exigible a un consejero de la Cámara de Cuentas se ve claramente debilitado” cuando esta información no aparece en su currículum público. Además, el informe de la Cámara referido a la Cuenta General de 2021 ya advertía de una provisión por la totalidad de las cuotas impagadas del crédito concedido a Madrid Network, por un importe superior a 32 millones de euros.

El texto detalla que Madrid Network lleva sin devolver las cuotas del préstamo de 80 millones de euros que recibió de la Comunidad de Madrid desde 2018, y que la cuantía impagada asciende ya a cerca de 70 millones. Pese a ello, la asociación ha seguido recibiendo financiación: 106.974 euros en 2023 y 229.877 euros en 2024, según los datos recogidos en los Presupuestos autonómicos.

Más Madrid recuerda que el Convenio de 2011, por el que se formalizó el préstamo, “sigue vigente” y que los sucesivos gobiernos regionales han omitido su revisión. A ello se suma el fallo del Tribunal Supremo, de 8 de octubre de 2025, que ha obligado al Ejecutivo madrileño a entregar las memorias anuales de la entidad tras años de litigio. Dichas memorias, según la cláusula séptima del Convenio, son un requisito imprescindible para liberar fondos públicos y deben ser sometidas a control financiero por parte de la Intervención General y la Cámara de Cuentas.

El alto tribunal concluyó que el Gobierno autonómico había actuado “en contra del principio de transparencia”, tras recurrir incluso una resolución del Consejo de Transparencia y Participación que ordenaba facilitar los documentos solicitados.

El documento de registro señala además que numerosos ex altos cargos del PP madrileño se beneficiaron de préstamos de Madrid Network sin que conste la devolución de los fondos, entre ellos Manuel Lamela e Ildefonso de Miguel. También recuerda que la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso trabajó para la entidad entre 2008 y 2011 como asesora de comunicación, con un salario mensual superior a 4.000 euros.

La formación de izquierda denuncia que la red, concebida originalmente para fomentar la innovación tecnológica, se convirtió en una “cantera política y económica” del antiguo entorno de Aguirre. “La sociedad madrileña merece y exige saber toda la verdad, que se depuren responsabilidades políticas y que se establezcan garantías para que los fondos públicos nunca más sean saqueados impunemente”, afirma el escrito.

Estructura y calendario de la Comisión

De aprobarse, la Comisión de Investigación estará formada por 12 diputados —tres por cada grupo parlamentario— y su sesión constitutiva tendrá lugar en diciembre de 2025. Las comparecencias se extenderán hasta junio de 2026, con posibilidad de prórroga. Cada sesión incluirá un máximo de cuatro comparecientes, uno por grupo, y podrá requerirse la presencia de “cualquier persona o entidad, pública o privada” que tenga relación con los hechos investigados.

Entre las competencias de la comisión figura el análisis de las actuaciones administrativas, económicas y financieras llevadas a cabo por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, así como la evaluación de los mecanismos de supervisión y fiscalización aplicados a la asociación. El objetivo, según el documento, es “determinar si se han producido prácticas contrarias a los principios de transparencia, eficiencia y buen uso de los recursos públicos”.

El reglamento de la comisión prevé que, una vez finalizados los trabajos, se elabore un dictamen final en un plazo de veinte días, que incluirá las conclusiones y los votos particulares de cada grupo parlamentario. Dicho informe será elevado al Pleno de la Cámara para su debate y posible aprobación.