La jueza María Núñez Bolaños, sucesora de Alaya al frente del Juzgado 6 de Instrucción.
caso ERE

La juez Núñez reclama el informe que nunca interesó a Alaya

El dossier del Gobierno certifica que los beneficiarios de las ayudas estatales, como los de la Junta, debían haber sido despedidos en un ERE y hallarse desprotegidos

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Sáb, 21 Abr 2018

La juez María Núñez Bolaños, sucesora de Mercedes Alaya al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, sí quiere conocer cómo concedía exactamente el Gobierno de España las ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas en crisis en el periodo investigado por la justicia sobre las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía.

Núñez ha solicitado al tribunal que juzga en la Audiencia de Sevilla a 22 ex altos cargos de la Junta que le remita a la mayor brevedad un informe complementario del Ministerio de Empleo sobre las ayudas concedidas por la Administración estatal entre 2001 y 2010.

Cruce de peticiones

El dosier reclamado ahora por Núñez, con fecha 8 de febrero, fue remitido por el ministerio de Fátima Báñez a solicitud del tribunal de los ERE, que pidió al Gobierno una ampliación de la información remitida el 18 de septiembre de 2017 al Juzgado de Instrucción número 6 en el marco de su investigación por las ayudas a varias empresas de la Faja Pirítica de Huelva. 

Previamente, en diciembre pasado la defensa del ex presidente José Antonio Griñán pidió al tribunal de los ERE que reclamara al juzgado de Núñez, para incorporarlo a la causa, aquel primer informe del ministerio sobre esas ayudas concedidas en el período 2001-2010 por la Dirección General de Empleo: un total de 220 por un montante de 300 millones de euros y en cuantías que oscilaban entre los 13.000 y los 22 millones de euros.

Por lo demás, ya el pasado 11 de enero pasado y a petición de la Fiscalía, la juez Núñez dirigió un requerimiento al Ministerio de Empleo para que le remitiera al juzgado toda la información sobre la tramitación, concesión y fiscalización de las ayudas extraordinarias para prejubilaciones otorgadas en la primera década de 2000.

Una pieza tardía

Se trata, en todo caso, de una prueba incorporada muy tardíamente al sumario de los ERE y que la juez Alaya nunca solicitó pese a la importancia que podía tener para arrojar luz sobre el caso, pues permitía comparar la legislación, el procedimiento, las cuantías y los beneficiarios de las ayudas de la Junta, que Alaya consideraba ilegales, y las ayudas del Gobierno central. 

La solicitud hecha ahora por Núñez, según adelanta Europa Press, se enmarca en la pieza separada que investiga la magistrada sobre el ERE del restaurante sevillano Río Grande, que recibió 1,3 millones en ayudas de la Administración autonómica.

Sin concurso ni publicidad

Este segundo informe, complementario del remitido en septiembre de 2017, está igualmente suscrito por el director general de Empleo, Javier Thibault.

En su reciente declaración como testigo ante la jueza Núñez por la pieza del ERE de Río Grande, Thibault dijo que la Orden Ministerial de 1995 sobre ayudas extraordinarias para trabajadores afectados por procesos de reestructuración empresarial no fijaba límites de edad ni cuantía. También declaró que ayudas se daban para financiar el convenio especial de la Seguridad Social y las pólizas de renta de los trabajadores despedidos hasta la jubilación, otorgándose sin concurso, de forma directa, sin publicidad ni concurrencia. La única publicidad era la publicación de la Orden en el BOE.

Despedidos en un ERE

El informe gubernamental, en el que las defensas de los ex altos cargos creen ver un sólido asidero a favor de sus tesis, certifica que las ayudas tenían que ser solicitadas conjuntamente por la empresa y los representantes de los trabajadores o directamente por estos últimos y que el requisito para ser beneficiario era que “el trabajador haya sido despedido en un proceso de reestructuración de empresa y encontrarse en una situación de desprotección que no fuera susceptible de ser cubierta por ningún otro mecanismo de garantía". En el caso de las ayudas de la Junta, los requisitos eran similares.

Fiscalización previa

Ahora bien, al contrario que en las ayudas otorgadas por la Junta y puestas bajo sospecha por la justicia, el informe Thibault precisa que todos los expedientes de ayudas extraordinarias estuvieron sujetos a fiscalización previa por parte de la Intervención Delegada de la Administración General del Estado en el Ministerio: “En ningún caso podría pagarse al beneficiario una ayuda que haya sido sometida con anterioridad al trámite de fiscalización previa", señalaba.