Decididamente, al Partido Popular no le gusta la juez María Núñez. Nunca le gustó. El modo en que ha venido instruyendo casos de gran impacto político, como los ERE o la formación, en los que el partido que dirige Juanma Moreno tenía puestas grandes esperanzas, ha disparado y puesto a pleno rendimiento la imaginación procesal de los conservadores para erosionar, desautorizar o expulsar a Núñez de esas causas.

El último episodio en esa estrategia ha sido la presentación por el PP-A de un incidente de recusación contra la juez en la causa donde se investiga las transferencias de financiación recibidas por la agencia IDEA procedentes de la Consejería de Empleo. ¿El motivo? Que una cuñada de la magistrada trabaja en IDEA y habría gestionado transferencias de financiación cuya legalidad estaría en discusión.

IDEA ha desmentido con rotundidad la hipótesis del PP: la familiar de Núñez “nunca gestionó las transferencias”. Fuentes de la agencia citadas por Europa Press aseguran que la cuñada de la instructora "está peleada y enfrentada con el resto de sus hermanos en Sevilla" y, de hecho, existe un pleito civil entre ellos, de forma que "no existe contacto" entre M. G. y sus hermanos y tampoco de la primera con la juez.

Otros intentos contra Núñez

Ya en diciembre pasado, el PP recurrió la decisión de la juez Núñez Bolaños de archivar la pieza 'política' de los cursos de formación por considerarla "absolutamente incongruente" y basada en "interpretaciones falsas, o al menos incorrectas". El escrito del PP, en la línea de las sospechas lanzadas en su día por la antecesora Mercedes Alaya, llegaba incluso a afirmar que la "parcialidad" de Núñez había quedado "evidenciada" en esta causa. Con anterioridad, en septiembre de 2016, el PP había formulado otra recusación contra la magistrada, si bien fue rechazada por el Consejo General del Poder Judicial.

Otra de las andanadas procesales del PP contra Núñez tuvo lugar en febrero de este año. He aquí uno de los párrafos del escrito de más 350 folios presentado por la acusación particular ejercida por el PP ante la Audiencia de Sevilla contra el archivo, pedido por la Fiscalía, de la pieza política de causa de los cursos de formación: "Si grave, desde el punto de vista de la falta de parcialidad de la instructora, en lo anteriormente expuesto [incumplimiento del deber de abstención], mas grave aún es la parcialidad que denota en las preguntas que ha realizado directamente a testigos en sus declaraciones y las interrupciones permanentes de los interrogatorios cuando las respuesta no eran acordes y tendentes, como después hemos conocido, al fundamento de un auto de sobreseimiento y archivo".

Recusa que algo queda

En este último incidente de recusación, el PP argumenta que "la técnico del área de Control y Seguimiento del uso de los fondos públicos que maneja la agencia IDEA, cuñada de la juez, ha participado, por acción u omisión, en los hechos que se investigan y, en consecuencia, puede o debe ser parte en el proceso". También acusa a M. G. De haber accedido “al parecer, a un contrato de trabajo indefinido en la agencia IDEA en el año 2003, de la mano del entonces secretario general, Francisco Oyonarte, para el que trabajó en un primer momento".

Aunque el reproche del PP no acabe teniendo recorrido jurídico, sí tendrá con toda seguridad recorrido en informativo, con lo que el objetivo político de desacreditar a Núñez estaría logrado, al menos parcialmente.

La agencia IDEA, sin embargo, insiste en que M. G. es una funcionaria de nivel técnico inferior que realiza labores de secretaria o administrativa, de forma que sus funciones "no tienen nada que ver" con la gestión de las transferencias de financiación sino con el seguimiento de los fondos propios de la agencia. Su labor "es meramente administrativa y sin capacidad de resolución".