El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (d), junto al candidato a la comunidad de Murcia por el Partido Popular en las próximas elecciones autonómicas del 24 de Mayo, Pedro Antonio Sánchez, durante un mitin celebrado hoy en el pabellón Cagigal de Murcia. EFE
Podemos ha presentado en el Supremo una querella contra tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, entre ellos el vocal del Consejo del Poder Judicial, Juan Martínez Moya, por haber prevaricado en relación con una querella contra el candidato popular Pedro Antonio Sánchez.
Acusación de Podemos
La querella acusa al magistrado Juan Martínez Moya, que presidió el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) y ahora es vocal del Consejo General del Poder Judicial, y también al actual presidente de este tribunal, Miguel Pascual del Riquelme, a quienes se une el magistrado Enrique Quiñonero.
Prevaricación y malversación
Los hechos denunciados por la citada formación política parten de la querella que el fiscal superior de la Región de Murcia presentó contra Sánchez López, por entonces consejero autonómico de Cultura, Educación y Empleo, así como diputado de la Asamblea Regional y actual candidato popular para presidir Murcia. Aquella querella por delitos de prevaricación y malversación estaba vinculada con las obras de un auditorio en el municipio murciano de Puerto Lumbreras, del que era alcalde Pedro Antonio Sánchez, que costaron más de 5,5 millones de euros y que sin embargo continúan sin terminar a día de hoy.
Posibles delitos del candidato del PP
El TSJ admitió a trámite el asunto y reconoció la existencia de numerosos indicios de criminalidad contra él, según dice Podemos, pero luego envió todo el procedimiento al juzgado de instrucción de Lorca, contando con el voto particular de un magistrado y con el recurso del fiscal.
Podemos habla de prevaricación
La decisiones de enviar el caso de vuelta a Lorca y rechazar el recurso del fiscal son las que, según Podemos, constituyen prevaricación. "Esas resoluciones no obedecen a las previsiones legales, poseen un claro sentido político", dice Podemos en su querella, que exige a los tres magistrados del Tribunal Superior de la Región de Murcia que clarifiquen la base jurídica de sus decisiones adoptadas o asuman las responsabilidades legales.
