El Gobierno lanzó un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia contra las petroleras y éstas han respondido, concretamente la más importante de nuestro país, Repsol. La pasada semana la CNMC hizo público un informe en el que venía a decir que no se explicaba las razones por las que mientras el barril de petróleo Brent (el de referencia en Europa) estaba por debajo de los 70 dólares los precios de los carburantes apenas habían bajado en las estaciones de servicio. Concretamente el informe recordaba que el precio del barril había bajado un 9% en octubre mientras que los precios en las gasolineras solo habían bajado un 3,4%. Repsol ha enviado una carta al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en la que recuerda que la Legislación aprobada por el actual gobierno del PP impide bajar más y más rápido los precios a los consumidores.

La mitad del precio son impuestos
Para empezar hay que recordar que lo que se paga por cada litro de gasolina y gasóleo solo el 40% corresponde al precio del combustible, un 50% son impuestos estatales y autonómicos y el otro 10% son costes de logística y comercialización, por lo que el primero que puede hacer algo para bajar el precio es el propio Gobierno bajando los impuestos sobre las gasolinas. No parece que esté por la labor, si tenemos en cuenta que para bajar el IRPF en las nóminas el año que viene ha tenido que suprimir desgravaciones al alquiler, en plusvalías por inmuebles o reducir lo que desgravan los planes de pensiones. Montoro lo que quita por un lado lo cobra sobradamente por otro. Las petroleras sostienen que sus márgenes no superan los dos céntimos por litro de carburante vendido.

Carta de un ex secretario de Estado (PP) al actual (PP)
Al margen de los argumentos, no deja de ser llamativo que la carta enviada por Repsol la firme -como corresponde- el director general del área Comercial de Repsol, Nemesio Fernández Cuesta, que se da la circunstancia de que fue Secretario de Estado de Energía con Aznar. La carta iba dirigida al actual Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, de otro Gobierno del PP.

Poner a la opinión pública contra las petroleras
Si tenemos en cuenta que el 50% de lo que se paga por el litro de carburante es impuestos y que el responsable es el Gobierno, es obvio que el ejecutivo tiene capacidad para bajar el precio de la gasolina, pero como no va a bajar impuestos ha optado por una estrategia, que ya le ha salido bien con el sector eléctrico, poner a los ciudadanos contra las petroleras. No deja de ser llamativo el 'oportuno informe' de la CNMC, remitido al Ministro de Economía, Luis de Guindos, quien a su vez pide a su homólogo en Industria, José Manuel Soria, que tome medidas.
Precisamente las empresas recuerdan que el principal escollo para bajar con rapidez el precio de los carburantes radica en la reforma del sector energético que hizo el gobierno del PP el año pasado, en el que supuestamente se incorporaban medidas para aumentar la competencia en la comercialización. Entre ellas se limitaba los llamados contratos de abanderamiento (gasolineras ligadas a productores como Repsol, BP o Cepsa) y ademásse prohibió de forma explícita la posibilidad de recomendar precios de venta al público.

Su partido favorito, el que peor les trata
Lo cierto es que no deja de ser una paradoja que el PP, el partido favorito de las empresas en general y de las eléctricas y petroleras en particular, fuera a tratar al sector como lo ha hecho. El Gobierno de Rajoy les ha propinado una subida de impuestos histórica, practica un intervencionismo empresarial permanente y además el Ministro de Industria, José Manuel Soria, ha llevado a cabo una campaña de comunicación basada en criminalizar ante los ciudadanos tanto a las eléctricas como a las energéticas. Todo en uno. Soria ha hecho y hace una penosa gestión en el área energética, pero le viene de perlas la mala imagen del sector.
El caso es que el Gobierno se dispone a retocar la Ley de Hidrocarburos y ha pedido a las empresas  que "ayuden" en una nueva política de actuación ciudadana, dado que Rajoy quiere que el último año antes de las elecciones lleve el título de "social" después de haber perpetrado los peores ajustes y recortes en toda la Democracia.
La diferencia es que las empresas a un Gobierno del PP le temen, a uno del PSOE casi ni le respetan. Ahora comprueban los resultados.