No podría presidir el Supremo
El nombramiento de Fernando de Rosa como presidente en funciones significaría una situación institucional de consecuencias imprevisibles, dado que el vicepresidente del Consejo no podrá presidir el Supremo, a cuyo frente quedaría el presidente de Sala más antiguo. De la Rosa, propuesto por el PP y ultraconservador, es una figura muy polémica dada su antigua relación con el expresidente valenciano Francisco Camps, a quien defendió con vehemencia cuando las aguas de la trama Gürtel empezaban a llegarle hasta el cuello.
Atacó a Garzón
De Rosa, quien fuera consejero de Justicia de la Generalitat valenciana a las órdenes de Francisco Camps, llegó a atacar a Baltasar Garzón, entonces al frente del sumario del caso Gürtel, para defender la honradez del expresidente valenciano, a quien calificó de "gran presidente de la Generalitat Valenciana" del que se ha mostrado "orgulloso". Según dijo en una entrevista en Canal 9, en febrero de 2009, Garzón “dañaba la imagen de la justicia" y estaba a punto de "pasar una línea roja que es muy importante, que es la prevaricación”.
Podría permenecer en el cargo un año y medio
Si Dívar se ve forzado a dimitir y De Rosa ocupara la presidencia del Consejo, en funciones, podría mantenerse en el cargo hasta que los 20 vocales eligiesen un nuevo presidente. No puede saberse si en un año y medio de mandato que le queda a este Consejo los vocales se pondrían de acuerdo en alcanzar la mayoría de tres quintos (13 votos) que se precisa para elegir nuevo presidente y vicepresidente.
El Supremo estaría presidido por un progresista
En cualquier caso, De Rosa no podría presidir el Tribunal Supremo, su presidencia recaería en el presidente de la Sala de lo Civil, Juan Antonio Xiol, un progresista de gran prestigio como jurista entre sus compañeros.
Un destrozo institucional
La presunta actuación de Carlos Dívar, quien, según la denuncia contra él, pagó con fondos públicos un total de 20 viajes a Marbella, con estancias en un hotel de lujo de Puerto Banús, cenas y traslado de cinco a siete escoltas cada vez, deja al Consejo en una situación muy delicada por el desprestigio que, de comprobarse el delito, causaría a la magistratura. Además, provocaría un destrozo institucional, ya que el Consejo quedaría dirigido por el polémico Fernando de Rosa y, el Tribunal Supremo, como se ha dicho, tendría otro presidente.
