Cuando se trata de hablar con la Administración, y las eléctricas hablan mucho con ella, es de gran utilidad contar con gente del gobierno de turno pero también con personalidades de la oposición. Todo transcurre de este modo en amor y concordia.
Sale de Endesa Luis de Guindos para ocuparse del Ministerio de Economía y entra Elena Salgado que hasta hace tres meses ocupaba la primera vicepresidencia del Gobierno, como vicepresidenta Económica.
Y se mantienen en el puesto que tienen allí José María Aznar, como consultor de la entidad y el antecesor de Salgado como vicepresidente económico del Gobierno Zapatero, Pedro Solbes, que aconseja a Enel, la dueña de Endesa. Lo mismo que se mantiene en Gas Natural Felipe González.
Ciertamente estos casos no son tan escandalosos pues los personajes aludidos han pasado el periodo de dos años que exige la ley de incompatibilidades antes de aceptar un trabajo en actividades que tienen relación con los puestos ocupados anteriormente. Para ello se les compensa con un 80 por ciento de los emolumentos recibidos en sus respectivos cargos oficiales.
En el caso de Elena Salgado, con sólo tres meses de travesía del desierto, ha sido necesario torturar la ley de incompatibilidades alegando que la contratación no la hace la central sino una filial de Endesa, Chilectra.
La ley de incompatibilidades pretende que un gobernante no se vea tentado a “prepararse” su salida del cargo público haciendo favores a futuros contratantes.
Yo no atribuyo tan torticeras intenciones a los aludidos pero las leyes deben prevenir todas las posibilidades, incluida la más fea.
Estos casos muestran que aún más importante que prevenirse de posibles concomitancias entre empresarios y políticos habría que estar atentos a algo más peligroso: la tentación de beneficiarse mutuamente los políticos y los funcionarios entre sí. El compadreo corporativista.
En este caso el de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, comisión que ha tomado una decisión que no hubiera sido posible sin el visto bueno de los nuevos poderes gubernamentales.
Este compadreo corporativo-político es una de las prácticas que contribuye a la desconfianza del ciudadano sobre la clase política.
José García Abad es periodista y analista político
