Ni una prueba
Durante el trámite judicial el juez Bergés entendió que la defensa de ‘Época’ no había presentado ni una sola prueba de lo afirmado en su portada, si bien se apresuró a mandar un comunicado afirmando que jamás habían acusado al ex marido de la Infanta de “cocainómano”. Señalaba también dicho comunicado que habían consultado para elaborar el reportaje “fuentes de toda solvencia del entorno de la separación de la hija mayor de los Reyes”.
Intentos de pacto
Cuando se conoció la elevada fianza de un millón de euros que el juez impuso al Grupo Intereconomía diversos ejecutivos de Intereconomía, así como personas relacionadas con el grupo mediático y cercanas a la Casa Real, intentaron llegar a un acuerdo con el ex Duque de Lugo; sin embargo, Marichalar se mantuvo en su demanda.
Dávila, de víctima para varia
En aquellos días todos los medios del Grupo Intereconomía lanzaron una campaña presentando la demanda como uno de los intentos del “poder” por silenciarles. Especialmente su director, Carlos Dávila, que se hizo la víctima (una vez más) de una conjura personal contra él y por ampliación contra el grupo que preside Julio Ariza, incluso recaudando dinero entre sus lectores y televidentes para pagar la misma.
Dos años de cárcel
La abogada de Marichalar y el fiscal solicitan, asimismo, dos años de cárcel para el responsable de la publicación y la redactora que firmaba el mismo, aunque en el caso de ser condenados no tendrían que entrar en prisión.
Llueve sobre mojado
Como se recordaba anteriormente, cuando se publicó aquella información el director de Época era Carlos Dávila, ahora también director de La Gaceta, medio que también ha sido condenado por practicar “amarillismo periodístico”, según reciente sentencia de un tribunal de San Sebastián. Dicha sentencia obliga a pagar a La Gaceta 120.000 euros a seis militantes del partido UPyD por acusarles de presunta corrupción y de hacer negocio con su entrada en la formación de Rosa Díez. La sentencia acusa al diario dirigido por Dávila de practicar el “amarillismo periodístico”. Obliga el juez, además, a insertar la sentencia en su literalidad y a pagar las costas.
