El nombre de Jeffrey Epstein lleva años asociado al poder, la impunidad y las redes de influencia. Pero el foco no siempre apunta únicamente al millonario. También apunta a la prensa. Nuevos testimonios y documentos han reactivado una pregunta incómoda: por qué uno de los medios más influyentes del mundo publicó un perfil positivo sobre él cuando ya existían acusaciones graves.
A comienzos de los 2000, la periodista Vicky Ward investigaba a Epstein para un reportaje en Vanity Fair. Durante su trabajo habló con Maria Farmer y Annie Farmer, dos de las primeras denunciantes que relataron abusos sexuales ocurridos años antes. Según su testimonio, las agresiones habrían sucedido en la década de los noventa y también involucraban a Ghislaine Maxwell, posteriormente condenada por tráfico sexual.
El problema no fue la investigación. Fue lo que ocurrió después.
El perfil se publicó en 2003 bajo el título “El talentoso Sr. Epstein” (todavía puede leerse online). Sin embargo, las acusaciones de las hermanas Farmer desaparecieron del texto final. No fueron matizadas ni contrastadas: simplemente no aparecieron.
Poco antes de la publicación, el propio Epstein acudió a las oficinas del entonces director de la revista, Graydon Carter. Correos internos de la redacción indicaban sorpresa por su presencia. La periodista afirmó posteriormente que el empresario se mostró furioso al conocer el contenido de su investigación y negó las acusaciones.
Años después, Carter reconoció que Epstein se presentó en la sede de la revista, aunque sostuvo que no llegó a reunirse con él en su despacho. Ward, por su parte, siempre defendió que las fuentes estaban verificadas y registradas.
Aquí aparece el punto clave.
Según declaraciones posteriores del propio Carter, el equipo legal de la publicación consideró que el testimonio no era suficientemente sólido para sostenerlo ante un tribunal. Es decir, no fue presentado como falso: fue considerado arriesgado jurídicamente. La consecuencia editorial fue eliminar las denuncias y convertir el perfil en un retrato social del millonario.
Con perspectiva histórica, la decisión resulta decisiva. Años después, investigaciones federales confirmaron que Epstein había abusado de menores. Las denunciantes, que no habían sido incluidas en el artículo, terminaron teniendo razón.
La controversia no gira únicamente en torno a la figura de Epstein, sino al funcionamiento del sistema mediático. Las grandes revistas no operan en un vacío: dependen de relaciones sociales, acceso a fuentes poderosas y riesgos legales. Publicar una acusación contra un multimillonario con capacidad para litigar puede significar años de procesos judiciales.
Algunos periodistas han señalado que el problema no fue necesariamente una conspiración, sino un fenómeno más frecuente: la autocensura preventiva. El temor a demandas por difamación —especialmente en Estados Unidos— suele llevar a los medios a exigir pruebas casi judiciales antes de publicar acusaciones graves.
Pero el resultado práctico fue otro: una de las primeras oportunidades para exponer públicamente el comportamiento de Epstein se perdió.
En retrospectiva, el caso muestra una tensión permanente en el periodismo contemporáneo. La prensa actúa como contrapoder, pero también como institución vulnerable a presión económica, social y legal. En especial cuando el protagonista pertenece a la élite financiera y mantiene relaciones con figuras influyentes.
Hoy el debate no es solo histórico. La cuestión es estructural: ¿qué ocurre cuando una historia potencialmente cierta no puede publicarse porque el riesgo jurídico es mayor que la protección de las víctimas?
El episodio de Vanity Fair se ha convertido en un ejemplo citado en facultades de periodismo y análisis mediático. No como prueba de complicidad directa, sino como advertencia: el silencio también tiene consecuencias informativas.
El caso Epstein terminó saliendo a la luz años más tarde gracias a otras investigaciones periodísticas y judiciales. Sin embargo, la historia recuerda algo incómodo para la profesión: el periodismo no solo se mide por lo que publica, sino también por lo que decide no publicar.
Este episodio nos obliga a preguntarnos por qué seguimos confiando en medios que demuestran estar atados a los mismos poderes que deberían fiscalizar. Si el dinero de unos pocos puede silenciar la verdad, ¿qué nos impide pensar que gran parte de lo que leemos no es simplemente la versión que alguien se ha pagado para que veamos? Y en ese espacio, entre la prudencia legal y la responsabilidad pública, se construyen —o se pierden— algunas de las verdades más importantes.