La conocida Ley de Nietos continúa paralizada por la vía judicial en un choque que se ha venido engrosando entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en las últimas semanas. El último de los pasos en tribunales conforme a esta cuestión vino de la mano del Constitucional este miércoles al rechazar la demanda interpuesta por el Defensor del Pueblo contra la decisión del Alto Tribunal de la paralización cautelar del derecho a voto de los nacionalizados a través de esta normativa.
De esta manera, la ley de nietos, que viene integrada en los márgenes de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, continúa en stand by en un escenario aún más tensionado por la convocatoria anticipada de elecciones generales el próximo 29 de noviembre.
Aunque la aplicación de la ley venía de meses atrás, la coincidencia de su proceso judicial con el periodo preelectoral ha elevado las tensiones a nivel político por su futura entrada en vigor, una cuestión que aún continúa en el aire. La consecuencia más directa de este telón de fondo afecta a un total de 163.020 nacionalizados, según datos de la Abogacía del Estado, conforme a la normativa y que fueron incorporados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
Punto de partida y una incógnita aún sin resolver
El Pleno de la Corte de Garantías del Constitucional decidió este miércoles rechazar el recurso presentado por el Defensor del Pueblo, a cargo de Ángel Gabilondo, para facilitar el camino de la aplicación de la ley y que buscaba con “urgencia excepcional” decretar “de forma inmediata” la medida cautelarísima considerando nulos los autos del Supremo que, por partida doble, ratificaron la paralización del voto a los nacionalizados.
Asimismo, el Defensor del Pueblo también tenía la intención de que el Constitucional ordenase a la Junta Electoral Central (JEC) que se mantuviera la vigencia e inclusión de los ciudadanos inscritos en el CERA “de manera anterior a esas resoluciones, de modo que puedan, sí así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo en las próximas elecciones generales”.
A juicio del organismo dirigido por Gabilondo, el fallo del Alto Tribunal vulnera los derechos de igualdad, participación en asuntos públicos y tutela judicial efectiva, y cuyo recurso motivaba a “conseguir el restablecimiento del derecho fundamental al sufragio activo, al voto, de algo más de 160.000 ciudadanos españoles mediante la estimación del amparo (...) sin limitaciones no previstas en la normativa electoral”.
Considerando en la misma postura que es “harto problemática la posibilidad de privar, temporal o definitivamente, de este derecho fundamental” a nacionalizados por la ley de nietos porque “podría perderse la nacionalidad española (nunca la española de origen, como dispone la Constitución), pero la condición de votante no la puede perder ningún español mientras lo sea, pues ni siquiera el Código Penal prevé la pena de pérdida del sufragio activo (elegir) sino del pasivo (ser elegido)”.
Pese a los pasos dados en los últimos meses, la futura entrada en vigor y el proceso judicial en la que se encuentra la ley de nietos no vislumbra una resolución en el horizonte próximo, lo que calienta aún más el ambiente en el escenario político y en la propia precampaña electoral.
Choque político: el Gobierno "respeta" pero confía y el PP valora acudir a los tribunales
Por consiguiente, la última decisión del Constitucional ha arrojado a un escenario de división en el Gobierno y los partidos de la oposición. Por un lado, fuentes de Moncloa expresaron su “respeto” por la postura judicial, aunque confían en que la “decisión definitiva” sobre el conjunto del caso abra la puerta a la participación de los votantes afectados en la cita en las urnas.
“El Gobierno respeta la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, considerando que la vía judicial previa no está agotada ante el Tribunal Supremo”, desgranaron las fuentes, agregando que la decisión del órgano de garantías se limitó “a motivos procedimentales y no aborda el fondo de la cuestión”, al igual que el Alto Tribunal en su momento.
Bajo esta premisa, continúan esperanzados porque, finalmente, se constate que “no se puede suspender masivamente el derecho de voto con una medida cautelar” a más de 163.000 nacionalizados españoles, con más razón al no haber una sentencia firme.
Y es que los trabajos dentro del Gobierno central de Pedro Sánchez continúan adelante sobre esta cuestión. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, a cargo de José Manuel Albares, ya son 48 las oficinas consulares de todo el mundo que ya han completado total o parcialmente los procesos de verificación de quiénes de los nacionalizados son familiares y descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y el Franquismo.
Para realizar estas labores, se creó una plataforma diplomática para volcar los datos a la Oficina del Censo Electoral de los nacionalizados antes de 2025, cuando comenzó a funcionar el DICIREG (Registro Civil Digital) y, desde entonces, ya son unas 70.000 personas inscritas.
En el lado contrario, desde Génova abogan por remitirse al fallo del Supremo de mantener paralizada la ley de nietos y no brindar el derecho a voto a los nacionalizados para las próximas elecciones. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, denunció como “maniobra insólita” la conducida por el Defensor del Pueblo, al tiempo que garantizó que su partido se personará en los tribunales “para defender un censo íntegro como garantía electoral” porque “la nacionalidad española no se regala”, e instando al Ejecutivo central a cumplir con lo dictado por el Supremo.
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