Una jueza admite la denuncia de HazteOír contra Sofía Puente por prevaricación con la 'ley de nietos'

Continúa la ofensiva de la derecha política y judicial contra la llamada 'ley de nietos'. Una jueza de Madrid ha admitido este martes la denuncia que interpuso la asociación ultracatólica HazteOír contra la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, por la instrucción de aplicación de la Ley de Memoria Democrática que abrió la puerta a que unos 163.000 descendientes de exiliados obtuvieran la nacionalidad española.

La organización acusa a la hermana del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, del delito de prevaricación administrativa, por permitir "acceder a la nacionalidad sin acreditar el exilio". La titular del juzgado 35 de Plaza de Castilla ha admitido la querella a trámite, en contra del criterio de la Fiscalía Provincial, después de que el Tribunal Supremo suspendiera el derecho a voto de estas personas. También este martes, el Constitucional ha rechazado el recurso del Defensor del Pueblo a esta decisión.

El razonamiento de HazteOír

El auto de la jueza admite a trámite la querella de HazteOír contra Puente, que firmó la instrucción el 25 de octubre de 2022 "cuando era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública", recuerda la asociación. La alto cargo del Ministerio de Justicia, que dirige Félix Bolaños, incluyó en ese texto la disposición que se conoce como la 'ley de nietos', que abrió la puerta a los descendientes de personas que se exiliaron de España durante el franquismo a obtener la nacionalidad y, con ella, el derecho a voto.

Esto fue una aplicación de la Ley de Memoria Democrática, aprobada ese año por el Congreso de los Diputados, y la derecha ha pasado los siguientes cuatro años sin pronunciarse mientras 163.000 personas se acogían a ese derecho. Ahora, a las puertes de las elecciones generales, PP y Vox mantienen que Pedro Sánchez quiere alterar los censos, y emplean para evitarlo todos sus mecanismos judiciales.

HazteOír considera que en la instrucción de Puente "se alteraron las condiciones aprobadas por las Cortes", y pide investigar cómo se elaboró la instrucción, recabar informes, comunicaciones internas y circulares remitidas a los consulados, según recoge Europa Press. También piden esclarecer el alcance de las concesiones de nacionalidad y su repercusión en el censo electoral exterior.

La Fiscalía pidió archivar la querella

La Fiscalía Provincial de Madrid se pronunció sobre la querella el pasado 9 de octubre, pidiendo su inadmisión "por concurrir la excepción de cosa juzgada". El Ministerio Público recordó que, en 2022, ya se archivó otra querella contra Puente, y que existe "identidad subjetiva y objetiva" que "despliega efectos de cosa juzgada e impide la prosecución del presente procedimiento, siendo que la apreciación de esta excepción de carácter procesal implica que no se entre a valorar el fondo del asunto".

Aquella denuncia la interpuso la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica. Según la Fiscalía, examinando esta y la de HazteOír, "se considera que los hechos objeto de la querella actual son coincidentes". Ambas organizaciones se adhieren en la última querella, pero la jueza rechaza la personación de la segunda "al no haberla solicitado en legal forma".

El Constitucional rechaza el recurso del Defensor del Pueblo

También este martes, el Tribunal Constitucional ha rechazado la demanda presentada por el Defensor del Pueblo contra la decisión del Supremo de paralizar cautelarmente el derecho a voto de los 163.000 españoles que tenían derecho a sufragio por la 'ley de nietos'. El Tribunal de Garantías apoya la ponencia de Enrique Arnaldo con 10 votos contra 2, y consideran que la demanda presentada por Ángel Gabilondo es prematura.

Fuentes del Gobierno afirman que respetan la decisión del Constitucional, considerando que la vía judicial previa no está agotada ante el Tribunal Supremo. No obstante, añaden que, "la decisión del Pleno del órgano de garantías constitucionales se limita a motivos procedimentales y no aborda el fondo de la cuestión, como no lo ha hecho tampoco el Supremo".