El encuentro de José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas ha causado un auténtico maremágnum político. La oposición ha hecho de este encuentro su caballo de batalla particular para desestabilizar los primeros pasos del Gobierno en general y al ministro de Transporte, José Luis Ábalos, en particular, para  que rinda cuentas en el Congreso y ante la Justicia.

Mientras que VOX ha acudido al Tribunal Supremo, el Partido Popular es la formación que abandera esta causa, ante los tribunales ordinarios, que han demostrado más premura que los despachos de la Plaza de París. Tras solicitar que se evitase la destrucción de las cintas de AENA que recogen el encuentro entre el socialista y la número dos de Nicolás Maduro, será cosa de la Justicia aventurar hasta dónde llega el Delcygate. Sin embargo, cuestiones azarosas han querido que el juez encargado de investigar la causa sea Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción número 47 y centro de una red de favores político-judiciales con el PP.

Su vocación le viene de tradición familiar. Adolfo Carretero es hijo, hermano y sobrino de jueces. Su padre, con quien comparte profesión y nombre, fue un hombre muy respetado en la carrera, alcanzó la cúspide de la pirámide judicial y llegó a ser presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, cargo al que accedió elegido por sus propios compañeros. Su tío, Antonio Carretero, fue magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Su hermano Agustín es magistrado en Madrid y otro hermano, Santiago, es profesor universitario de teoría general del Derecho.

Sus antecesores labraron una brillante carrera judicial. Tanto él como sus hermanos tratan de seguir sus pasos, aunque, a diferencia de sus predecesores, los Carretero junior han demostrado sus facultades tanto en los juzgados como en los corrillos políticos donde la idiosincrasia del PP y su inherente cultura del trueque les ha servido para su promoción.

Adolfo Carretero: de la imputación al Delcygate

Entre los grandes momentos de Adolfo Carretero destacan dos casos de fijación con periodistas de consagrada reputación. Dos casos diferentes (corrupción política y sátira televisiva) que provocaron que Pilar Velasco, periodista de la Cadena Ser, estuviese durante un año imputada por publicar las cintas del espionaje al expresidente madrileño Ignacio González en su visita a Colombia; y que, años más tarde, en 2018, el humorista Dani Mateo fuese citado a declarar como imputado por la presunta comisión de un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España por un chiste en que se sonaba la nariz con la bandera nacional.

El pecado de la primera fue difundir la grabación del exvicepresidente popular entrando en un local con unas bolsas blancas que luego desaparecían en Cartagena de Indias. Aquel audiovisual acabaría convirtiéndose, años más tarde, en el caso Lezo por el que González fue a la cárcel, pero durante varios años provocó una investigación judicial liderada por Carretero e instigada por González que mantuvo a la periodista que publicó la cinta, Pilar Velasco, imputada durante un año.

Pero la dilatación de aquel caso y la atención a las denuncias de González coincidía paralelamente con el ascenso de su hermano, Agustín Carretero, quien de la mano de Esperanza Aguirre, jefa y madrina del entonces vicepresidente, fue nombrado director general de Política Interior, gerente de la Academia de Policía de Madrid y director general de Relaciones con la Administración de Justicia.

Volviendo a Adolfo Carretero, otro de los episodios más sonados de su carrera le llegó con su imputación en el marco de la Operación Bloque, la que destapó las malas artes de Ginés Jiménez, conocido como el sheriff de Coslada. El TSJM investigó a Carretero por las grabaciones que hizo la Policía de sus conversaciones con Jiménez, pero el juez que llevaba el caso, José Manuel Suárez Robledano, no vio nada punible y las pesquisas se archivaron. Años después, ya en tiempos de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, Suárez Robledano fue nombrado a propuesta del PP como magistrado del Tribunal de Cuentas. En ese órgano alcanzó popularidad al archivar de manera sorpresiva, y junto a la exministra de Justicia de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, la sanción millonaria a Ana Botella por vender 1.860 viviendas sociales a fondos buitres. Esos dos votos revocaron una sentencia anterior del propio Tribunal de Cuentas, que condenaba a la exalcaldesa y a siete de sus concejales, a pagar una multa de 25 millones de euros.

Agustín Carretero: su causa, el PP

Mientras su hermano Adolfo alargaba sobremanera las pesquisas sobre el espionaje a Ignacio González, aunque para ello tuviera que ir en contra de la prensa o ganarse la reprimenda de propios y extraños, Agustín Carretero era promocionado en la jerarquía de la Comunidad de Madrid gobernada por el PP. Su fichaje por Esperanza Aguirre interrumpió su trabajo como juez,en 2006, cuando era titular del juzgado número 2 de Valdemoro. De hecho, fue contratado por el Gobierno del PP en mitad de su investigación en Ciempozuelos, donde acababa de enviar a la cárcel al alcalde de Ciempozuelos, Pedro Torrejón y al exalcalde de la misma localidad, Joaquín Tejeiro, ambos del PSOE.

Su primer destino como juez fue Almadén (Ciudad Real). Los mineros de esta localidad aún recuerdan su labor de mediación cuando 300 de ellos, abocados al despido por la crisis de la minería, interpusieron un pleito contra el Gobierno para reclamar la hectárea de terrenos que legalmente correspondía a cada uno de ellos por su condición de empleados de la firma Minas de Almadén y Arrayanes, de titularidad pública. Carretero, que adivinaba un juicio imposible con 300 demandantes, medió en el conflicto con el Gobierno y logró que los afectados retiraran o no interpusieran sus demandas a cambio de indemnizaciones individuales de 3.000 euros por parte del Gobierno.

Posteriormente, en el año 2008, Francisco Granados, entonces consejero de Presidencia durante el mandato de Esperanza Aguirre, nombraba oficialmente a Agustín gerente de la Academia de Policía Local de Madrid.

En 2013, su currículum seguía ampliándose, esta vez de la mano del propio Ignacio González. El presidente autonómico le nombró director general de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano. Pero González no se quedaría ahí, nombrándole director general de Relaciones con la Administración de Justicia un año más tarde.

Santiago Carretero: vocal de la polémica tesis de Terol

Antonio González Terol cuenta, entre sus logros académicos, con un doctorado en Derecho Europeo. Difícil labor académica que, sin embargo, el dirigente popular, íntimo de Pablo Casado, no promocionaba en sus currículums hasta que la prensa salió al paso. Y es que, tal y como publicaron distintos rotativos, las sospechas rodearon su trabajo después de que se conociera que Terol premió con 9.000 euros a Diana Catalina Pérez-Bustamante Yabar, hija del catedrático Rogelio Pérez-Bustamante que posteriormente le aprobaría la tesis con un sobresaliente ‘cum laude’. Junto a él, en el tribunal, estaban Julio Iglesias de Ussel (secretario de Estado de Educación y Universidades de José María Aznar), la exjueza inhabilitada por prevaricación María del Coro Cillán, Pedro de Vega García y Santiago Carretero, el tercero de los hermanos Carretero.