El último informe del caso Azud, que tiene como principales imputados a José María Corbín, cuñado de Rita Barberá; y al exvicealcalde de Valencia con Barberá, Alfonso Grau, también ha deparado sorpresas desagradables para el PSPV. Concretamente, el informe hace referencia a cómo empresas adjudicatarias presuntamente financiaron con dinero B el merchandising de la campaña de la entonces candidata socialista al Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch.

El encargado del partido de conseguir el dinero fue, supuestamente, el secretario de administración y finanzas del PSPV hasta el año 2004, Pepe Cataluña, también investigado en la causa. Pero, aunque el informe habla de mordidas para el partido, la realidad es que la investigación se centra en un presunto cohecho, pues el delito de financiación irregular no existía en esos años. Pero, aunque hubiera existido, estaría prescrito.

Y hay que recordar que, la mano derecha del PP de Barberá y la secretaria del Grupo Municipal del PP, Mari Carmen García-Fuster, están a la espera de juicio por conseguir dinero negro para que el PP pudiera acudir dopado no solo a esas elecciones, las del 2007, sino también a las del 2011. Es más, el caso Azud se centra en el amaño de contratos municipales por parte del cuñado de Barberá y de Grau para, supuestamente, ‘forrarse’ ambos.

Según consta en el informe, al que ha tenido acceso ElPlural.com, además de Cataluña, también consta como principal intermediario con las empresas José Luis Vera, persona muy vinculada al socialismo valenciano. Así, el informe explica que “Como contraprestación (…), el análisis efectuado ha permitido determinar que José Luis Vera, directamente o a través de la mercantil Vera Llorens SLU, entre los años 2007 y 2012 habría percibido importantes sumas económicas provenientes del Grupo Axis, las cuales habría destinado tanto a su beneficio personal, como al del PSPV. Habiéndolo hecho en este último caso asumiendo el coste de determinados servicios o productos adquiridos por este partido político”.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil explica que, concretamente, una de las operaciones urbanísticas que habría motivado el pago de estas comisiones habría sido el PAI “El Espartal”, en el marco del cual, y en sendas reuniones mantenidas entre Jaime Febrer (empresario corruptor) y José Luis Vera, se habría acordado “el pago de una comisión por importe de 2 millones de euros. De estos, un millón tendría como destinatario al propio Vera, y un millón el PSPV”.

Así, dicen los agentes que, para el pago de esta “comisión se habrían articulado una serie de operativas” que, analizadas de forma conjunta, “habrían tenido la aparente finalidad de encubrir el origen delictivo de los fondos: firma de contratos simulados, emisión de facturación ficticia, interposición de terceras empresas ajenas al grupo empresarial o simulación de prestación de servicios; entre otras”.