El Tribunal Constitucional aprobará, en el Pleno previsto para el próximo martes de julio, la ponencia que avala anular el delito de malversación en el caso ERE, tal y como se afirmaba en el voto discrepante del Tribunal Supremo, cuyos magistrados revisaron la sentencia emitida por la Audiencia de Sevilla. Esta decisión afecta directamente al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su número 2, la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, ya que si decae el delito de malversación también lo hacen las penas de prisión. La sentencia del Tribunal de Garantías saldrá adelante con el voto de los siete magistrados progresistas y los cuatro votos en contra de los conservadores.
Griñán fue condenado a nueve años de cárcel por un delito de malversación y 10 de inhabilitación por otro de prevaricación; y su número 2, la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, quien a diferencia de Griñán sí que ha entrado en la cárcel fue condenada a 6 años. Martínez Aguayo ha cumplido un año y medio de los seis a los que fue condenada, mientras que Griñán todavía no ha cumplido nada de la pena debido a la grave enfermedad que padece.
Esta nueva sentecia saldrá tan solo unas semanas después de que el Pleno del Tribunal Constitucional amparara de manera parcial a la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía, Magdalena Álvarez, condenada a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en el caso de los ERE de Andalucía. Así, se aprobó la ponencia de la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, con el voto particular de los cuatro magistrados conservadores en contra, frente a los siete progresistas. La Corte de Garantías ordenará ahora a la Audiencia de Sevilla que retrotraiga las actuaciones y dicte una nueva sentencia sujeta a derecho.
Las bases jurídicas en las que supuestamente se asentará la ponencia que se votará es que, el delito a revisar, el de malversación, no se pudo producir puesto que lo que se hizo fue aplicar, ejecutar y gestionar los presupuestos del 2003 al 2009, y esos presupuestos venían en una ley que fue aprobada por el pleno. Con esta decisión, el Constitucional daría la razón a Griñán, quien afirmó ante el Supremo: “No hubo un gran plan, pero hubo un gran fraude”, pues los delitos se cometieron desde la Consejería de Empleo, que es donde se situó la trama.
Los conservadores
Como sucediera con la sentencia de Álvarez, se da por seguro que, el sector conservador, en cambio, considerará que la sentencia “ha devastado” los límites del tribunal al “suplantar la función” del Supremo como “máximo intérprete de la ley”. En este sentido, los magistrados más cercanos al Partido Popular subrayaban que con la anulación de sentencias dictadas en el “asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España y rectificar”, por primera vez desde que el Constitucional entró en funcionamiento, “ocasiona un daño institucional difícilmente reparable”.
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