La batalla política también se libra en los tribunales. La ofensiva judicial de la derecha no se entiende sin el papel que desempeñan determinadas organizaciones ultra. Manos Limpias, Hazte Oír y Abogados Cristianos se han convertido en protagonistas habituales de procedimientos de gran repercusión política, aprovechando las posibilidades que ofrece la figura de la acusación popular para intervenir en investigaciones penales.
Todo conectado. A través de denuncias, querellas y personaciones, estas entidades han conseguido situarse en el centro de causas que afectan a miembros del Gobierno, el Partido Socialista y sus familiares, alimentando una batalla política que se desarrolla de forma paralela en los juzgados y en los medios de comunicación.
La acusación popular, recogida en el artículo 125 de la Constitución Española, permite que ciudadanos y entidades intervengan en determinados procedimientos penales aunque no sean perjudicados directos por los hechos investigados. Sin embargo, el uso político de esta figura ha reabierto el debate sobre sus límites, especialmente cuando varias organizaciones de ideología similar coinciden en las mismas investigaciones.
El caso de David Sánchez, hermano del presidente, resulta ilustrativo: Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum e Iustitia Europa llegaron a compartir acusación popular con el Partido Popular y Vox. Una coincidencia procesal que evidencia que su colaboración en determinadas causas beneficia políticamente a la derecha.
Manos Limpias: el pseudosindicato que abrió la causa contra Begoña Gómez
El sindicato dirigido por Miguel Bernad constituye uno de los ejemplos más conocidos de esta estrategia judicial. Su denuncia de abril de 2024 dio origen a la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, encabezado por Juan Carlos Peinado.
El escrito se apoyaba fundamentalmente en recortes de prensa de medios conservadores, entre los que figuraba una información falsa que atribuía a Gómez una subvención recibida por otra mujer con su mismo nombre. El propio Bernad reconoció posteriormente que no había comprobado la veracidad de todas las publicaciones utilizadas para fundamentar la denuncia.
La trayectoria de Manos Limpias no se limita a este procedimiento. La organización también impulsó la causa contra David Sánchez, en la que ejerció inicialmente la dirección de la acusación popular unificada. El proceso terminó con una condena -aún no firme- de nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, dictada en julio de 2026.
En otros asuntos, el Tribunal Supremo ha cuestionado sus métodos. En junio de 2025 rechazó varios escritos presentados por el pseudosindicato al considerar que incurrían en fraude de ley y pretendían promover una investigación general sobre distintos asuntos. Pese a su intensa actividad judicial, sus cuentas no son públicamente accesibles con el detalle necesario para conocer quién sufraga sus procedimientos.
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Hazte Oír: de las campañas contra Sánchez a las acusaciones populares
La organización ultracatólica presidida por Ignacio Arsuaga ha encontrado en los tribunales otro escenario desde el que desarrollar su actividad política. Conocida por sus autobuses, lonas y campañas contra el Gobierno, Hazte Oír también participa en investigaciones que afectan al entorno socialista. En abril de 2024 presentó una querella contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, sumándose a la ofensiva iniciada por Manos Limpias. Posteriormente, su representación letrada asumió la dirección conjunta de varias acusaciones populares en ese procedimiento, una situación que acabó provocando discrepancias con el propio sindicato de Bernad, que solicitó actuar de manera independiente.
Su capacidad de movilización también se refleja en sus recursos económicos. Según las cifras difundidas por la propia organización, Hazte Oír ingresó más de 2,4 millones de euros en 2025, principalmente mediante cuotas de socios y donaciones privadas. A ello se suma la actividad de CitizenGO, su red internacional, que maneja un presupuesto propio y ha recibido millones de euros en aportaciones durante los últimos años. La entidad combina así las campañas de comunicación con una actividad procesal que le proporciona visibilidad en algunas de las investigaciones políticas más mediáticas.
Abogados Cristianos: la ofensiva judicial contra la sátira y la libertad de expresión
La Fundación Española de Abogados Cristianos, encabezada por Polonia Castellanos, ha construido buena parte de su notoriedad mediante acciones judiciales relacionadas con la defensa de los sentimientos religiosos. Entre sus objetivos se encuentran publicaciones satíricas, humoristas y responsables políticos.
Uno de los enfrentamientos más conocidos fue el mantenido con la revista Mongolia por una portada sobre el nacimiento de Jesús. La denuncia por ofensa a los sentimientos religiosos terminó archivada, al entender el juzgado que la publicación estaba protegida por la libertad de expresión. Posteriormente, la propia revista presentó una querella contra la organización por una supuesta denuncia falsa, que tampoco prosperó. Abogados Cristianos también ha emprendido acciones contra El Jueves, revista que fue condenada en primera instancia en mayo de 2026 a indemnizar con 6.000 euros a Castellanos y a la fundación por una publicación considerada lesiva para su honor. La entidad también llevó a los tribunales al humorista Héctor de Miguel, Quequé, por bromear sobre dinamitar la cruz del Valle de los Caídos. La Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa en mayo de 2025, al considerar que sus palabras estaban amparadas por la libertad de expresión.
Su actividad se extiende igualmente a causas políticas, incluida la investigación sobre David Sánchez. En junio de 2025, el Supremo rechazó una denuncia de la entidad contra los ministros Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres por sus actuaciones sobre Cuelgamuros, cuestionando su fundamentación. En materia económica, la fundación declaró un presupuesto de 1.028.000 euros en 2026, procedente de donaciones privadas puntuales y periódicas, según su inscripción en el Registro de Transparencia madrileño.
Iustitia Europa y Liberum: más organizaciones en los mismos procedimientos
A los nombres más conocidos se han sumado otros actores que también recurren a la acusación popular para intervenir en investigaciones de relevancia política. Entre ellos destaca Iustitia Europa, el partido presidido por el abogado Luis María Pardo, que ha participado en causas relacionadas con Begoña Gómez, David Sánchez y otros dirigentes socialistas. También aparece Liberum, una asociación surgida durante la pandemia que adquirió notoriedad por sus recursos contra las restricciones sanitarias. Ambas entidades han coincidido con Manos Limpias, Hazte Oír y Abogados Cristianos en diferentes procedimientos, aunque esta colaboración no acredita por sí sola una dependencia orgánica o económica entre ellas.
Las diferencias entre estas organizaciones también alcanzan a su financiación. Iustitia Europa publicó unas cuentas correspondientes a 2025 que recogen 223.574,75 euros de ingresos privados, procedentes fundamentalmente de aportaciones de afiliados y donaciones. En el caso de Liberum, no se dispone de información pública igualmente detallada sobre sus recursos económicos ni sobre el coste de su actividad judicial. Precisamente, una de las principales incógnitas que rodean a este entramado es cuánto dinero destinan las entidades a sostener sus acusaciones y qué parte del trabajo jurídico se realiza mediante colaboraciones profesionales, aportaciones individuales o recursos de las propias organizaciones.
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