Los jueces y los fiscales de las asociaciones vinculadas a la derecha se han liado la manta a la cabeza, y directamente dicen 'adiós' a la separación de poderes. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, todas ellas vinculadas a la derecha dentro de la carrera judicial, han convocado tanto una concentración ante el Tribunal Supremo como una huelga de tres días en julio. El motivo: quieren que el Gobierno retire el proyecto de ley de acceso a la carrera judicial, que adapta la entrada tanto de jueces y fiscales en la carrera en previsión del cambio legislativo que deja la instrucción en manos de los fiscales. Los togados han decidido saltarse a la torera la separación de poderes y atacar al Gobierno sin contemplaciones.
En un escrito conjuntos, hay una frase que es directamente intolerable en un estado de derecho, ya que es directamente una amenaza. Dicen que el día 28 se producirá una concentración frente al Tribunal Supremo, en la Plaza de la Villa de París. Aseveran que, "el emplazamiento elegido es profundamente simbólico e institucional. No se trata de una protesta contra ningún poder del Estado, sino de una exteriorización de la relevancia del Poder Judicial, en defensa de su independencia y de su papel como garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía", pero acto seguido, y tras asegurar que no se protesta contra ningún poder del Estado, no dudan en amenazar diciendo: "En caso de que no se haya producido la retirada de los proyectos legislativos, se produciría una huelga de las carreras judicial y fiscal los días 1, 2 y 3 de julio".
Llamamiento a los ciudadanos
Esa concentración no solo quieren que sea de las togas y las puñetas. Dice el escrito: "La convocatoria está abierta a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía verdaderamente comprometida con la defensa de una justicia independiente y al servicio del interés general. Se trata de una concentración estrictamente institucional, al margen de cualquier adscripción o reivindicación partidista, que no se dirige contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que tiene como único objetivo la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho".
Con respecto a la huelga, vuelven con las amenazas y aseveran: "Esta decisión se adopta dejando un plazo razonable previo que permita a las Cortes Generales reconsiderar la tramitación de los proyectos legislativos y proceder a su retirada. De no producirse dicha rectificación, la huelga se llevará a cabo como una medida legítima, proporcionada, responsable y necesaria para la defensa de los principios fundamentales del Estado de Derecho, así como de las condiciones profesionales de jueces y fiscales".
Todo esto sucede porque, según ellos, "las reformas propuestas vulneran el estándar europeo, al introducir disposiciones que debilitan la estructura, la percepción y la operatividad independiente del sistema judicial español", y apostillan: "Estas actuaciones reflejan nuestro compromiso firme, sereno y unitario con la defensa de una Justicia independiente, imparcial y plenamente sujeta a los principios constitucionales y democráticos".