Bajo el marco del caso de presunta filtración de datos personales de periodistas por el que el principal acusado es el jefe de gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, este martes la jueza de Instrucción número 25 de Madrid ha suspendido las declaraciones de dos agentes de la Policía Nacional citados como testigos, al considerar que existen indicios por los que podrían considerarse investigados.
La decisión judicial se ha producido a instancias de la defensa del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que solicitó la suspensión al considerar que los agentes no podían declarar en calidad de testigos. Los policías estaban citados este martes para comparecer ante la magistrada dentro de la investigación por un presunto delito de revelación de secretos.
Los dos agentes pertenecen a la Brigada Provincial de Información de Madrid y habían sido llamados inicialmente como testigos, por lo que estaban obligados a decir verdad ante la jueza. La suspensión de sus comparecencias deja ahora pendiente la decisión judicial sobre su futura situación procesal dentro de la investigación.
Cabe recordar que la causa parte de una denuncia presentada por el PSOE después de que se difundieran datos e imágenes de dos periodistas de 'El País' que se encontraban en las inmediaciones del domicilio de la presidenta madrileña y su pareja, Alberto González Amador. Según la denuncia, esos datos habrían sido obtenidos a través de agentes policiales encargados de la seguridad de la presidenta madrileña.
La postura de ‘MAR’ ante la causa
En su declaración como investigado, Miguel Ángel Rodríguez negó el pasado 6 de mayo haber recibido información confidencial de la Policía Nacional y aseguró que las fotografías de los periodistas le llegaron a través de “un vecino enfadado”, que se la mandó directamente a la pareja de Ayuso, el empresario Alberto González Amador.
La mano derecha de Ayuso trasladó a la prensa entonces que fue “un vecino enfadado” quien le envió la fotografía de ambos periodistas del medio citado pero, a su salida del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid en el que tuvo que declarar, cambió su propia versión, alegando haberse “expresado mal”, cargando entonces toda responsabilidad sobre González Amador, asegurando así que fue él quien recibió la imagen del vecino y el mismo que se la reenvió.
“Nunca he hablado con la Policía de este asunto”, trasladó, negando que se estuviese produciendo “revelación de secretos” alguna: “La Policía nunca me ha dado ningún dato de nadie, no me hace falta nadie para reconocer a dos personas que conozco. El PSOE mantiene la denuncia para esto, para que me vean entrar en el juzgado y parezca que soy culpable de algo, pero nunca hubo revelación de secretos”, manifestó entonces.
Cabe remontarse al momento de los hechos, en marzo de 2024, cuando Rodríguez culpó en redes sociales a estos dos periodistas, dando sus nombres, apellidos e incluso imágenes, de haber estado “acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, un acoso habitual en dictaduras”. Tanto el PSOE como el periódico afectado denunciaron tales afirmaciones y, el 30 de marzo de hace dos años, los afectados sumaron a la querella una entrevista del jefe de gabinete de Ayuso a ‘El Mundo’ en el que reconoció la filtración.
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