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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aplaza su decisión sobre el voto de los nacionalizados con la ‘ley de nietos’ horas después de que Vox haya pedido al Alto Tribunal que les suspenda el derecho a voto. De esta forma, el Supremo da un plazo “improrrogable” de 48 horas a las partes para que presenten alegaciones.
Con ello, los magistrados de la Sala quieren ahondar en tres aspectos. En primer lugar, el nuevo escenario derivado de la convocatoria anticipada de elecciones. Asimismo, quieren saber si la sala debe o no dar audiencia a los afectados por esta medida, así como, ofrecer a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía la posibilidad de presentar alegaciones.
En esta misma línea, el plazo de 48 horas se da antes de resolver el recurso que presentó Abogacía del Estado contra la suspensión cautelar de inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) aprobada por el Supremo el pasado mes de septiembre, cuando paralizó el voto para los nacionalizados por esa vía a excepción de aquellos con familiares con exilio acreditado.
En las providencias, los magistrados de la Sala añaden que las alegaciones de las partes deberán extenderse al emplazamiento de las personas que hayan obtenido la nacionalidad española por la ‘ley de nietos’ y aún no hayan sido inscritas en el CERA. El Supremo decidió paralizar de forma cautelar esta ley mientras analizaba el fondo de la cuestión argumentando que lo hacía por “transparencia” de las elecciones dado el aumento del censo y porque, según sostuvo, los intereses generales del Estado priman sobre el derecho a voto de las personas que han adquirido la nacionalidad.
Tras ello, el Gobierno defendió que “no existe ningún riesgo derivado del crecimiento del CERA” y que esa iniciativa no puede alterar el resultado electoral “por pura matemática”.
Iustitia Europa y Vox apremian al Supremo
Este lunes, Iustitia Europa y Vox pedían al Supremo que tome medidas para "garantizar" que la suspensión cautelar del voto de extranjeros nacionalizados por la denominada 'ley de nietos' sea aplicada en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Así lo solicitaron en sendos escritos dirigidos este lunes a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal. Por su parte, Iustitia Europa exige que su petición se tramite de manera "urgente" y reclama al Supremo que "acuerde las actuaciones de ejecución y concreción que resulten necesarias para garantizar que las medidas cautelares adoptadas por esta sala desplieguen plena eficacia en las elecciones generales de 29 de noviembre antes de que las inscripciones concernidas puedan producir efectos dentro del procedimiento electoral".
Al hilo de ello, señalan que, tras la convocatoria anticipada de elecciones, el censo electoral de referencia es "el cerrado a 1 de agosto de 2026", antes de la suspensión cautelar que acordó el Supremo. "En consecuencia, entre las inscripciones incorporadas al censo electoral vigente pueden encontrarse personas comprendidas en el ámbito subjetivo respecto del cual la Sala acordó cautelarmente la suspensión de efectos electorales", sostiene Iustitia.
A razón de ello, pide "determinar, dentro del censo cerrado a 1 de agosto de 2026, qué inscripciones se encuentran sujetas a suspensión de efectos electorales y cuáles quedan comprendidas en la excepción expresamente prevista por el auto" de la Sala que paralizó la llamada 'ley de nietos'.
En líneas similares, desde Vox apuntan que al CERA se han incorporado personas que "no han acreditado debidamente los requisitos de descendencia y exilio", por lo que "el censo electoral utilizable el 29 de noviembre no puede incluir con derecho efectivo de voto a quienes fueron incorporados mediante la presunción de exilio cuestionada, aunque formalmente constasen inscritos a 1 de agosto”.
Así, Vox pide a los magistrados del Supremo que requieran a la JEC que dé cuenta de “las medidas adoptadas e instrucciones dadas para garantizar el estricto cumplimiento del auto del Supremo y con ello la suspensión de los efectos electorales" de la 'ley de nietos'.
