El Supremo da un plazo de cinco días al Gobierno para entregar la lista de los más de 160.000 nacionalizados con la ley de nietos

Bajo el marco de la paralización judicial de la Ley de Nietos, coincidiendo con las elecciones generales del 29 de noviembre, el Tribunal Supremo ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a entregar, en un plazo de cinco días, la lista completa de los 163.020 nacionalizados afectados por la suspensión cautelar de su voto. En caso de no entregar el documento, el Ejecutivo central ha avisado de una posible “responsabilidad penal”. 

Según los últimos autos del Alto Tribunal, los magistrados han requerido a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que remitan a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral la relación "nominal" de los nacionalizados por la normativa estatal. 

Bajo esta decisión, se incita a los ministros a que, si transcurrido el plazo expuesto, hasta el miércoles 28 de octubre, no remiten el listado, la Sala del Supremo “podrá acordar una multa coercitiva o deducir, en su caso, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”. 

Una multa que podría ascender a 1.000 euros en caso de que los titulares de Exteriores y Justicia “incumplan este requerimiento”, aunque se contempla retirar esta multa “hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar”. 

El Supremo, a su vez, ha instado a la Oficina del Censo Electoral que, al hacer el primer envío de documentación electoral a los electores que voten a través del CERA y que estén suscritos “con carácter provisional”, hagan “advertencia expresa” de que “tal inclusión no significa que puedan llegar a ejercer su derecho al voto”, porque sólo podrán hacerlo quienes tengan la certificación acreditativa de ser descendientes de exiliados españoles tras la Guerra Civil. 

Además de los contabilizados 163.020 nacionalizados, la Sala del Supremo recibió este miércoles otros “tres documentos que contienen dos informes de la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares y uno del Instituto Nacional de Estadística”, de los cuales se desprende que se han revisado 31.390 expedientes, de los cuales se han expedido 91 certificados de personas que, efectivamente, han acreditado ser familiares de exiliados en los términos que establece la ley suspendida cautelarmente. 

“Puesto que la Administración conoce perfectamente, porque ha tramitado y resuelto estos expedientes, la identidad de todas estas personas, no se acierta a adivinar cuáles puedan ser las razones por las que no se haya facilitado a esta Sala la relación nominal de los electores”, han subrayado los magistrados, reiterando que, por el proceso electoral actual, estas personas “pueden verse imposibilitadas finalmente del ejercicio de su derecho al voto por la propia inacción de la Administración”. 

Voto particular que contraria la medida cautelar a la ley de nietos

Ante esta postura, desde la Sala del Supremo, una de las magistradas, Alicia Millán, ha emitido un voto particular al valorar que dichas diligencias “afectan medularmente a la estabilidad del censo electoral” al haberse constatado “las dificultades del ejercicio del sufragio activo y el escrutinio de los votos de los electores afectados por la suspensión”. 

Por ende, la magistrada Millán ha defendido que las medidas acordadas “materializan inseguridad jurídica e incertidumbre operativa” y que la realidad actual es “incompatible con las exigencias de certeza, estabilidad y regularidad que constituyen todas las bases de un proceso electoral democrático”, situándose así en contra de la medida cautelar vigente contra la ley de nietos.