Fue este 20 de noviembre cuando trascendió, tras una semana y media de juicio, la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización al novio de Isabel Díaz Ayuso de 10.000 euros por revelación de datos reservados. Un fallo del que, una semana después cumplida este jueves, no ha trascendido detalle alguno.
El fallo del Alto Tribunal tuvo cinco votos a favor y dos particulares que disintieron de la decisión, los de las magistradas de la Sala II Ana María Ferrer García y Susana Polo García. “La sentencia, pendiente de redacción, surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma”, rezaba la providencia dictada la pasada semana.
Aún con su redacción pendiente, en manos del presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta y los magistrados Manuel Marchena, Antonio del Moral y Carmen Lamela, los pasos consiguientes en el proceso es la presentación, por parte del condenado, de un incidente de nulidad ante el Supremo, una vía que no suele resultar fructífera, pero sí necesaria antes de recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional.
En este hipotético caso, García Ortiz podría solicitar a la corte de garantías que suspenda de forma cautelar la condena hasta que se resolviera el recurso contra el fallo del Supremo exponiendo como motivos lo que considere necesario una vez se conozcan todos los puntos que desglosen los magistrados en la sentencia final. Cabe destacar en este punto que, no obstante, este recurso de amparo no es suspensivo, es decir, García Ortiz deberá seguir cumpliendo con la condena siempre y cuando los tribunales no le concedan algún tipo de medida cautelar.
Dimisión tras sentencia
La principal consecuencia del fallo del Supremo vino cuatro días después de conocerse el anuncio, que no su contenido, con la dimisión de García Ortiz como el principal mandatario de la Fiscalía General del Estado. “Es un acto debido no sólo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”, defendió en una carta remitida al Ministerio de Justicia.
García Ortiz se despidió, dirigiéndose al ministro Félix Bolaños, con el “convencimiento de haber servido fielmente a la institución, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”, considerando que éste era el momento de “abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad”.
Tan sólo un día más tarde, el Gobierno central actúo con rapidez al proponer a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, una profesional con 35 años de trayectoria en la materia y con fuerte arraigo en la lucha contra la violencia de género en el ámbito judicial. Una propuesta que, un día más tarde, fue avalada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siendo el siguiente paso, aún por formalizarse, la comparecencia de la designada en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
El origen de la causa: el correo del novio de Ayuso
Cabe situar el foco en la filtración del correo que envió la defensa de Alberto González Amador a la Fiscalía en el que reflejó la comisión del doble delito fiscal de su cliente y pidió un pacto de conformidad, germen que declinó en este caso judicial de importante corte mediático y político sobre la figura de García Ortiz, a quien las acusaciones populares señalaron como agente filtrador a los medios de comunicación del mencionado email.
Con el fallo final del Supremo, condenatorio para el ahora exfiscal general, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, y la pareja de la presidenta, ganaron la batalla del relato frente a los testimonios de varios periodistas y pruebas de distinta índole que probaban que el correo pudo ser filtrado por diversas personas que habían tenido acceso antes que el fiscal.