Ramiro García de Dios (Palma de Mallorca, 1946) se pronuncia de forma directa en declaraciones a El Plural para hablar del SLAPP. En su opinión, “hay poderes que actúan coordinadamente”. “Yo creo que a poco que uno se pare a analizar lo que está ocurriendo, puede darse cuenta”, señala.
CIE de Aluche o ‘Caso Isadora’
Miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, el magistrado, ya jubilado, estuvo tres décadas ejerciendo al frente del Juzgado de Instrucción Número 6 de Madrid. También fue uno de los primeros jueces de control del Centro de Internamiento de extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid) donde, mantiene en conversación con este periódico, trataron de “desprestigiarle”.
García de Dios fue uno de los tres jueces de control de este centro, contra el que se reveló, llegando incluso a apostar por su cierre. Seguramente muchas personas le deban la poca dignidad de la que disfrutaron tras su trabajo en el CIE a aquel desempeño de sus funciones. Sobra decir que también se ganó enemigos en este tiempo. “Me atacaron sindicatos policiales simplemente por lo que hacía en mi labor allí”, relata desde el otro lado del teléfono.
Junto a este episodio, uno de los más destacados de su carrera, menciona el capítulo respecto de la Clínica Isadora (Madrid), de interrupción voluntaria del embarazo. En un auto que recuerda “muy duro” de 2009, García de Dios dio carpetazo a un caso que, según concluiría, se basó en acusaciones infundadas de abortos ilegales y que acabó sin condena por falta de pruebas.
En su explicación, el antiguo togado narró que no se daba el “más mínimo indicio” de la cuestión por la que se señalaba al centro y declaró el derecho del enclave y de tres de sus médicos a emprender las acciones penales que estimasen oportunas contra miembros del Guardia Civil del Seprona que habían participado en el caso por su actuación. Ahora, años después recuerda “una manifestación en la Plaza de Castilla” contra él y, muy concretamente, “una pancarta que me pedía que respetase a la Guardia Civil”.
Fiscal general del Estado o familia de Pedro Sánchez
Preguntado por casos o investigaciones que pudieran alcanzar prácticas judiciales, cuanto menos, dudosas, el juez retirado menciona varios. De un lado, se refiere a David Sánchez y Begoña Gómez, hermano y mujer de Pedro Sánchez, respectivamente.
El primero fue condenado a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa en su contratación en 2017 como coordinador de las Actividades de las Conservatorios de la Diputación y, después, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Su defensa ha recurrido la sentencia al considerar que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia y que hubo una “investigación prospectiva” contra Sánchez.
Por su parte, Gómez deberá sentarse ante jurado popular tras la investigación llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado hasta su reciente jubilación. A la esposa del líder del Ejecutivo y nuevamente candidato del PSOE para las elecciones del próximo 29 de noviembre se le atribuyen presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La Audiencia de Madrid abalaba el juicio por estos presuntos delitos, dejando fuera los de corrupción en los negocios y administración desleal.
Sin embargo, García de Dios se refiere con especial contundencia a una condena firme, la de Álvaro García Ortiz. Cabe recordar que el Tribunal Supremo condenó al entonces fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos a pena de multa y dos años de inhabilitación para desempeñar su puesto en el contexto de la investigación al entonces novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. “Pienso que fue una decisión absolutamente injusta y arbitraria (…) Para mí es el paradigma de la arbitrariedad, injusticia o persecución”.
El juez menciona otros nombres propios como Podemos y la denominada “guerra sucia” contra el partido desde estamentos políticos, policiales, judiciales o mediáticos. Desde ahí, da nuevamente un salto a la actualidad para referirse a elDiario.es y su director, Ignacio Escolar, quien hace un par de semanas denunciaba que un hombre “bastante corpulento” le había hecho fotos tras publicar que la empresa editora de OkDiario pagó la defensa de Koldo García.
El episodio se produjo coincidiendo con una comida que el informador y otros compañeros compartieron con la abogada Leticia de la Hoz, quien entregó dos facturas a la Audiencia Nacional que demostrarían esos pagos, en un encuentro que, dejaba claro, se enmarca en su labor como periodista; de hablar con fuentes. OkDiario publicó las imágenes y respondía en otro artículo a los medios que informaban de la cuestión. El periódico de Eduardo Inda defendió en ese texto que la relación entre las partes fue de “colaboración mercantil”. “El objeto es la cesión de derechos para la elaboración de contenidos periodísticos y audiovisuales, y no guarda relación alguna con su defensa ante los tribunales”, refrendaba.
Además de escenarios concretos, García de Dios pone también de manifiesto el acoso judicial al que se somete en ocasiones al mundo de la cultura. “A veces atacan y persiguen a humoristas (…) Si a un medio modesto le condenan con determinadas demandas, le pueden hundir”, concluye.
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