Según ha adelantado la Cadena SER, el primer gran acuerdo entre los vocales del PSOE y del PP en el nuevo Consejo General del Poder Judicial no tuvo que ver ni con nombramientos clave ni con una respuesta a la crisis de la Justicia. Fue una subida salarial para la presidenta del órgano, Isabel Perelló, y para los veinte vocales. El Pleno la aprobó el pasado mes de septiembre con 18 votos a favor y tres en blanco.
La decisión afecta a los complementos de antigüedad. En el caso de los miembros del Consejo que no son funcionarios, el órgano aprobó fijar ese plus en 10.000 euros anuales. Son 835 euros más al mes. Hasta ahora seguía vigente una referencia de 1998 que lo situaba en 522 euros mensuales. Para los vocales que sí son funcionarios, entre ellos jueces y fiscales, el acuerdo elevó en 62,8 euros al mes cada trienio.
No es una corrección menor ni un ajuste técnico sin efectos visibles en la nómina. Para los miembros más veteranos del órgano, la mejora supera los 800 euros mensuales. Ahí entran perfiles con cuatro décadas de carrera judicial a sus espaldas, como la propia Perelló o los magistrados del Supremo José Antonio Montero y Ángel Arozamena. La subida, por tanto, golpea poco en la parte baja y se nota de verdad arriba.
La información de la SER apunta además a un dato político relevante. La propuesta partió de la comisión de asuntos económicos, pero, según las fuentes consultadas por la emisora, salió adelante tras un acuerdo entre los vocales elegidos a propuesta del PSOE y del PP. No fue una coincidencia de voto de última hora. Era una cuestión que, siempre según esas fuentes, llevaba sobre la mesa prácticamente desde el inicio del mandato de este Consejo.
Ese detalle cambia el foco. El primer gran entendimiento entre los dos bloques que sostienen la nueva etapa del CGPJ no se produjo en torno a la renovación de la cúpula judicial, a la carga de trabajo de los juzgados o al atasco de plazas vacantes. Llegó cuando tocó hablar de las retribuciones de quienes integran el propio órgano de gobierno de los jueces. Y llegó rápido.
Un acuerdo discreto y sin rastro actualizado en Transparencia
La tramitación tampoco pasó precisamente bajo los focos. Según la Cadena SER, el acuerdo se repartió entre los vocales la tarde anterior a la celebración del Pleno. El Consejo no informó públicamente de la subida después de aprobarla. Seis meses más tarde, además, esa mejora sigue sin aparecer actualizada en el portal de transparencia.
Lo que aún figura en ese espacio son las retribuciones de 2025. Según esos datos, Isabel Perelló cobra 155.000 euros anuales y los vocales 134.000. Esas cantidades no incluyen ni el variable ligado a los trienios ni los complementos de antigüedad que el propio Consejo decidió elevar en septiembre. La fotografía oficial, por tanto, está incompleta. Y no por un matiz menor.
Ahí aparece uno de los puntos más delicados del episodio. No se trata solo de que el órgano aprobara una mejora retributiva para su cúpula. Se trata de cómo lo hizo y de lo que ocurrió después. Sin comunicación pública. Sin actualización en Transparencia. Sin una explicación política visible de por qué ese asunto sí corría prisa en los primeros compases del mandato.
Fuentes oficiales del órgano, citadas también por la SER, sostienen que la medida se adoptó de acuerdo con una previsión legal recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, que sigue vigente. El CGPJ se apoya ahí para defender la cobertura normativa del acuerdo. Formalmente, el argumento existe. El problema está en otro sitio: en la oportunidad del movimiento y en la imagen que proyecta un órgano que lleva años bajo escrutinio.
Perelló se desmarcó a medias
La votación dejó otro detalle político. Hubo tres votos en blanco: el de la presidenta, Isabel Perelló, y los de las vocales Esther Erice e Inés Herreros. Perelló, según las fuentes oficiales consultadas por la emisora, dejó constancia en acta de sus razones. Consideraba que no se trataba de un asunto prioritario.