Uno de los principales ataques que ha sufrido la democracia española en su historia, el caso Kitchen, empezará a ser juzgado el próximo lunes, afectando directamente a las elecciones en Andalucía. Muchos años después, la utilización del Ministerio del Interior y de recursos públicos para espiar y atacar a rivales políticos, durante los Gobiernos de Mariano Rajoy, llega a la Audiencia Nacional. El tribunal abordará la trama político-policial con la que se pretendió extraer material sensible al que fuera tesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, y que involucra a la antigua dirección de Génova 13.

Lo principales imputados son el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para el que se piden 15 años de prisión; su número dos y también miembro del PP, Francisco Martínez Vázquez, para quien se pide la misma pena; el ex comisario de la Policía José Manuel Villarejo, sobre el que pesa una petición de 19 años de cárcel (ya condenado a 24 años por el caso Tándem); el ex número dos de la Policía Nacional, el también comisario Eugenio Pino, a quien también se piden 15 años; y el antiguo chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos (12 años).

El número de investigados asciende a los diez, aunque para algunos el Ministerio Fiscal pide el sobreseimiento. Más allá de los señalados, el juicio también contará con las declaraciones como testigo de figuras tan ilustres como el expresidente Rajoy, la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o el sucesor de Fernández Díaz al frente de Interior, Juan Ignacio Zoido. Además, también estará presente la ex secretaria general del PP y ex ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que fue exculpada por Manuel García-Castellón, conocido juez conservador, pese a los múltiples audios con Villarejo revelados.

En la lista también aparecen el exministro Javier Arenas; el exmarido de Cospedal, Ignacio López del Hierro; Manuel Sánchez Corbí, el exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO); y el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. Estos y otros muchos testigos deberán ayudar a esclarecer actuaciones como la sustracción a Bárcenas de su agenda personal, documentos de la contabilidad del PP, notas sobre la financiación irregular de las campañas en Madrid (ya investigados en la Operación Púnica) y apuntes relacionados con la tesorería nacional del partido, de la que ya se sabe que había una caja b.

Los hechos, que se remontan a 2013, incluyen a un falso cura que asaltó la casa del extesorero y secuestró a su familia a punta de pistola para robar los conocidos como “papeles de Bárcenas”, en los que aparecía la contabilidad ilegal del PP con supuestos a pagos a nombres como M. Rajoy. Las declaraciones más esperadas, las del expresidente o Cospedal, están fechadas para el 23 de abril, a las que sucederán el lunes 27 las de Sáenz de Santamaria y Javier Arenas.

Caso Mascarillas

El otro gran juicio que llegará en abril es el caso mascarillas, que tiene como acusados a ex ministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos; a su asesor, Koldo García; y al empresario y conseguidor confeso Víctor de Aldama. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo da comienzo a las sesiones el próximo 7 de abril, pero habrá que esperar a la recta final del mes, 28 de abril, para escuchar a los tres encausados.

Esto significa que en pocos días coincidirán las declaraciones de las principales figuras de ambos caos. Antes, el 22 de abril, acudirán en calidad de testigos la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Además, Víctor Ábalos, hijo del del exministro, inaugurará el periodo de sesiones, seguido de la expareja del encarcelado, Jéssica Rodríguez, y del hermano de koldo García, Joseba.

Están programadas nueve jornadas de declaraciones de testigos que incluirán gasta 75 personas, algunas de ellas investigadas en la Audiencia Nacional, como la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, o el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero. Asimismo, desfilarán socios de Aldama y el responsable de la empresa que vendió las mascarillas, origen de la causa.

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