El Tribunal Constitucional vuelve a trabajar con una parte de sus miembros más allá del mandato para el que fueron designados. Cuatro de sus doce magistrados debían haber sido renovados el 17 de diciembre de 2025, pero más de nueve meses después continúan en sus puestos mientras el Senado sigue sin completar un proceso que vuelve a depender de un acuerdo entre partidos. Entre ellos está el propio presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, que esta semana reclamó públicamente que la Cámara Alta cumpla con la renovación pendiente.
El retraso afecta a Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías. Los tres primeros pertenecen al turno designado en 2017. Macías llegó al tribunal posteriormente, en 2024, para cubrir la vacante dejada por Alfredo Montoya. La memoria oficial del Constitucional recoge que su presidente comunicó al Senado ya el 25 de julio de 2025 que los cuatro nombramientos expirarían el siguiente 17 de diciembre y solicitó formalmente que comenzara el procedimiento para sustituirlos.
La demora no deja al tribunal incompleto ni invalida sus resoluciones. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevé precisamente esta situación: cuando termina el periodo de nombramiento sin que hayan llegado los sustitutos, los magistrados permanecen en sus funciones hasta que toman posesión quienes deben relevarlos. Es la fórmula diseñada para garantizar la continuidad de una institución que no puede quedar paralizada por falta de acuerdo político.
El mecanismo evita el vacío, pero tiene otro efecto evidente: permite prolongar durante meses, e históricamente incluso años, una composición que debía haber sido renovada. La propia documentación del Constitucional reconoce que los retrasos han sido recurrentes, especialmente cuando corresponde al Congreso o al Senado alcanzar las mayorías reforzadas necesarias para efectuar los nombramientos.
El PP tiene mayoría absoluta, pero necesita más votos
Esta vez la responsabilidad de proponer a los cuatro nuevos magistrados corresponde al Senado. La Constitución establece que el tribunal se compone de doce miembros: cuatro propuestos por el Congreso, otros cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial. Sus mandatos son de nueve años y la institución se renueva por terceras partes cada tres.
La particularidad está en la mayoría exigida. Los candidatos del Senado necesitan el respaldo de tres quintos de sus miembros. El PP controla 142 de los 265 escaños actuales de la Cámara Alta, suficiente para disponer de mayoría absoluta pero no para alcanzar por sí solo los 159 votos necesarios. Está obligado, por tanto, a alcanzar acuerdos con otros grupos.
El proceso tampoco comienza directamente con una negociación entre las direcciones nacionales de los partidos. Las asambleas legislativas de las comunidades autónomas presentan candidatos y posteriormente el Senado debe seleccionar a los cuatro magistrados que obtengan la mayoría requerida.
Ese calendario se ha vuelto a retrasar. El plazo para que los parlamentos autonómicos presenten candidaturas ha sido ampliado hasta el 30 de noviembre, después de una petición de Andalucía. Conde-Pumpido sostuvo esta semana que, terminado ese plazo, deberían comenzar las comparecencias y avanzar definitivamente la renovación.
El PSOE ha intentado forzar previamente el proceso. El Grupo Socialista registró el 19 de marzo una moción específica sobre la renovación de los magistrados. La iniciativa llegó a la Comisión Constitucional el 27 de abril, donde el PP presentó una enmienda, y terminó siendo rechazada. La documentación oficial del Senado confirma tanto la tramitación como el resultado.
Un precedente de tres años
La situación no es nueva. De hecho, el turno correspondiente al Senado protagonizó el mayor retraso registrado en la historia reciente del Constitucional. Los cuatro magistrados que debían haber sido sustituidos el 17 de diciembre de 2007 permanecieron en funciones mientras los partidos eran incapaces de reunir una mayoría suficiente para acordar sus sucesores.
La renovación no terminó hasta finales de 2010 y los nuevos magistrados tomaron posesión el 12 de enero de 2011. Fueron algo más de tres años de prórroga. La documentación histórica del propio tribunal señala que fue a partir de aquel episodio cuando los retrasos adquirieron una dimensión hasta entonces desconocida. La siguiente renovación correspondiente al Congreso también acumuló casi dos años de demora.
Aquellos bloqueos terminaron incluso modificando las reglas. Una reforma de 2010 estableció que, cuando una renovación por tercios llegue tarde, el tiempo de retraso se descuente del mandato de los nuevos magistrados. De este modo se intenta conservar el calendario constitucional y evitar que una demora desplace todas las renovaciones posteriores.
El actual turno del Senado tampoco fue puntual la vez anterior. Conde-Pumpido, Balaguer, Enríquez y Alfredo Montoya fueron nombrados en marzo de 2017, cuando la renovación estaba prevista para diciembre de 2016. El retraso entonces fue de unos meses, muy lejos de los tres años acumulados una década antes.
Ahora vuelve a repetirse la prórroga. Los cuatro puestos deberían haberse renovado en diciembre pasado y el procedimiento seguirá abierto, como mínimo, hasta que concluya el nuevo plazo concedido a las comunidades autónomas el 30 de noviembre. Conde-Pumpido, que ha anunciado su intención de jubilarse cuando termine el relevo, ha vuelto a pedir a los partidos que cumplan con una renovación que la Constitución fija cada nueve años, pero cuyo calendario depende en la práctica de que las fuerzas políticas sean capaces de alcanzar los tres quintos exigidos en el Senado.
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