La Policía Nacional no ha logrado, pese a haber intentado múltiples métodos, acceder a contenido de la tarjeta telefónica de la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, por lo que el futuro juidicial del que fuera ex vicepresidente del Gobierno prácticamente queda despejado. El magistrado instructor del caso Tándem, Manuel García-Castellón, envió en su día una exposición razonada explicando que Iglesias podría haber cometido una serie de delitos vinculados al hecho de que la citada tarjeta estuvo en su poder y, cuando le fue devuelta a Dina Bousselham, estaba rota. El Supremo le pidió que siguiera investigando, pero la realidad era que esa investigación dependía, casi en su integridad de que se pudiera acceder al contenido de la tarjeta.

Según el informe policial: "No ha sido posible recuperar los ficheros ni la estructura de archivos, ni siquiera de manera parcial". "En relación al contenido de la tarjeta no ha sido posible su recuperación ni siquiera de forma parcial, debido a que no han sido identificadas las transformaciones llevadas a cabo por la controladora dañada sobre la información digital, y cuyo conocimiento es necesario para poder invertir el proceso de codificación", asevera el documento policial, adelantado por El Confidencial. 

Pero a todo lo anterior hay que sumar que el informe también indica que ha sido imposible averiguar cuál fue la última vez que alguien accedió al contenido de la tarjeta, lo que impediría poder saber si fue Pablo Iglesias quien la destruyó o si cuando se la entregaron ya estaba así.

García-Castellón

En cuanto a las pretensiones del magistrado instructor, en su exposición razonada hablaba de diversos delitos: descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación delito por la destrucción de la tarjeta de teléfono. 

Pero antes de que el Supremo remitiera de nuevo la investigación a García Castellón, los ocho fiscales de Lo Penal del Supremo Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno, Pilar Fernández Valcárcel, Juan Ignacio Campos, Fernando Rodríguez Rey y José Luis Bueren enviaron el seis de noviembre de 2020 un informe a la Sala de Admisiones del Alto Tribunal en el que especificaban que: “En el caso ahora examinado. Existen indicios sólidos de la posible existencia del delito”. Sin embargo, ahora, y tras la llegada de ese informe, el futuro judicial de Pablo Iglesias que mucho más despejado.