Perelló, sobre el lawfare: "La discusión jurídica no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos"

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, no ha dudado en arremeter, en la apertura del año judicial, contra quienes ha acusado a determinados jueces de cometer Lawfare, especialmente contra los políticos. Perelló ha comenzado diciendo que "las resoluciones judiciales pueden ser criticadas. Puede discutirse la interpretación de la norma, la valoración de la prueba o la solidez y calidad del razonamiento. Las decisiones de los jueces y magistrados no están sustraídas al debate público", pero acto seguido ha dicho: "La discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos, a partir de la mera discrepancia con lo resuelto".

Sobre el lawfare ha asegurado que "en los últimos tiempos hemos escuchado, sin embargo, acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones. Esta es una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva. Una acusación de esta naturaleza pone en cuestión que la actuación judicial responda exclusivamente al Derecho y compromete, por ello, uno de los presupuestos esenciales del ejercicio de la jurisdicción y, asimismo, el Estado de Derecho".

para reforzar su argumento, la presidenta ha hecho referencia a una frase pronunciada por el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Mattias Guyomar, quien dijo “Cada vez que se ataca a un juez por lo que ha hecho en el ejercicio de sus funciones, es el Estado de Derecho lo que se pone en tela de juicio”. Y ha proseguido afirmando: "Cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez ni al asunto concreto: se proyecta sobre la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia".

Descalificaciones y responsabilidad institucional

Asegura Perelló que "si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor", y que "no es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente esa responsabilidad".

Por ello, para Isabel Perelló, "la lealtad institucional constituye un principio estructural del Estado Constitucional, que exige que cada poder publico actúe en el marco de su ámbito constitucional, reconociendo la legitimidad y la función de los demás. No se trata de una simple deferencia política, sino de una expresión de cooperación constitucional que garantiza el equilibrio entre poderes y el respeto al Estado de Derecho".

"Por ello, esa lealtad exige que los poderes del Estado respeten la función que la Constitución asigna al Poder Judicial, un verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado, según la teoría constitucional de los balances. Por tanto, un poder que sea reconocible y digno de ese nombre", ha apostillado.

Por último, y sobre este tema, ha asegurado: "La discrepancia, incluso la más profunda, forma parte de la vida democrática. Pero también en el desacuerdo debe preservarse el respeto a la función que la Constitución atribuye a los tribunales. El respeto debido a la función jurisdiccional no significa, naturalmente, que su ejercicio quede exento de responsabilidad. La Constitución proclama la independencia de jueces y magistrados y también su responsabilidad y el debido respeto a las instituciones que colaboran con la Justicia. Una y otra forman parte de su estatuto constitucional".