Hay que remontarse a abril de 2024 para referirse al origen de la investigación del juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La admisión inicial de una querella del pseudosindicato Manos Limpias por un supuesto delito de tráfico de influencias basada en publicaciones periodísticas sirvió de base a una causa que se ha prolongado durante más de dos años.
La instrucción concluyó en abril de este 2026 con el procesamiento de la mujer de Sánchez, finalmente por cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Si bien el titular del juzgado número 41 de Madrid puso hasta cinco delitos encima de la mesa, terminó sobreseyendo las actuaciones por el delito de intrusismo profesional. Asimismo, el togado propuso juzgarla ante jurado popular.
Peinado recibió más tarde un respaldo parcial por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, que este verano avaló que un jurado popular juzgue a Gómez, pero solamente por dos delitos: el de tráfico de influencias y el de malversación. Asimismo, devolvió el pasaporte tanto a ella como a su asesora y acordó levantar otras medidas cautelares impuestas por el instructor, como la prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada quince días en sede judicial.
Septiembre clave
El mes de septiembre se antoja clave, con la jubilación del juez a la vuelta de la esquina, la cual se hará efectiva el próximo 27 de septiembre, cuando Peinado cumpla la edad máxima para continuar en activo en la carrera judicial; los 72 años. Las defensas tendrían hasta el 8 de septiembre para presentar sus escritos después del cambio de abogado de Gómez, quien sustituyó al exministro Antonio Camacho por el penalista Jaime Campaner. Será a partir de entonces cuando el instructor tendrá que ordenar los siguientes movimientos procesales antes de retirarse.
En la carrera a contrarreloj que parece esperar al magistrado en las próximas semanas, éste deberá volver a situar la causa en el punto procesal indicado por la Audiencia y encauzarla hacia la eventual apertura de juicio oral. Aunque el calendario es ajustado, cabe destacar que el cronómetro no guarda relación directa con el fin de la causa en tanto en cuanto la jubilación del togado no traerá consigo la desaparición de la misma, pues para ello tendría que existir un archivo judicial o alguna otra resolución que pusiera el punto y final al procedimiento.
Qué dicen algunos especialistas
Sí es verdad que este tiempo es importante, sino trascendental, para conocer de qué forma se reestructura una causa que ha ido de la mano de una enorme trascendencia política, judicial y mediática, y a la no le ha faltado polémica. Así lo piensan expertos en materia jurídica que hablan con ElPlural.com, y que resumen la investigación como “arbitraria” o un “atropello procesal”, con adjetivos que pueden sonar más o menos fuertes pero que mantienen una misma opinión.
El magistrado emérito del Tribunal Supremo (TS) José Antonio Martín Pallín, habitual en programas de actualidad, es quien vierte este último calificativo cuando este periódico le pregunta por una valoración genérica de la investigación que ha ocupado páginas y páginas de prensa y horas y horas de televisión y radio en los últimos dos años.
“Para mí es un atropello judicial construido sobre la nada”, contempla, para añadir que, a su juicio, no hay delito en los hechos que se investigan alrededor de los dos posibles ilegales que quedan en pie.
En una línea similar se pronuncia Ramiro García de Dios, antiguo magistrado español que durante muchos años ejerció como titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid. En su caso, lo resume con tres conceptos: “Arbitraria, prospectiva y de mala fe”.
Controversias de la instrucción
Algunos de los hechos que han generado controversia a lo largo de estos 28 meses, si se empieza a contar desde el inicio de la instrucción hasta este mes de agosto, han sido los cambios de calidad de testigos a procesados de algunas de las personas llamadas por el juez, la desimputación del directivo del IE Business School, Juan José Güemes, por parte de la Audiencia Nacional en contra de la decisión inicial de Peinado, el registro de la vivienda del empresario Juan Carlos Barrabés, el lenguaje empleado en algunos autos o el interrogatorio al ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Antes de la propuesta de llevar a Gómez a juicio por cuatro delitos -que finalmente serán dos- el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) remitió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) una queja relacionada con unas manifestaciones del juez asimismo controvertidas en las que éste sugirió que los agentes encargados de la seguridad de la mujer del secretario general de los socialistas podrían facilitar una eventual salida del país. Después, Peinado defendió que no pretendía ofender ni poner bajo sospecha a los escoltas.
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