El caso del fiscal Ignacio Stampa se debate este miércoles en el Consejo Fiscal. La conservadora Asociación de Fiscales (AF) ha preguntado si son ciertas las acusaciones contra la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a la que varios medios de comunicación apuntan como responsable de dilatar las Diligencias de Investigación Penal (DIP) abiertas en el TSJ de Madrid contra Stampa, tras una denuncia de Vox, para evitar que le dieran la plaza en Anticorrupción. ElPlural.com ha accedido a la documentación de las DIP abiertas por la Fiscalía.

Hay que recordar que Stampa, junto a Miguel Serrano, era el fiscal del caso Tándem, que investiga a numerosos políticos, una mafia parapolicial presuntamente orquestada por el Ministerio del Interior cuando gobernaba Mariano Rajoy, así como a numerosas empresas.

Dichos papeles, que la fiscal general del Estado no mostrará en el Consejo Fiscal amparándose en que “son una información reservada”, muestran como en octubre, el teniente fiscal del TSJM, Carlos Ruíz Alegría, solicitó el archivo de las DIP abiertas a Stampa. Sin embargo, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica y mano derecha de Delgado en la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, presuntamente dilató en el tiempo esa investigación pese a la petición de Archivo.

Una dilación, cuanto menos sospechosa, pues se mantuvo la investigación abierta justo hasta después del Consejo Fiscal donde nadie apoyó a Ignacio Stampa al tener unas Diligencias de Investigación Penal Abiertas.

Según ha podido comprobar este periódico, la primera petición de archivo la envió el fiscal superior, Jesús Caballero Klink, el 5 de octubre de 2020. Sin embargo, el día 9 Alvaro García responde diciendo que, "sin perjuicio que dicho decreto refiere de forma pormenorizada las actuaciones llevadas a cabo", pero añade que "debido a la trascendencia del asunto" se permite hacer varias consideraciones.

Entre dichas consideraciones está la de tomar declaración como testigo a José Manuel Calvente (exabogado de Podemos), y también añade "que podría ser muy esclarecedora la declaración del fiscal Miguel Serrano".

El 23 de octubre, cuatro días antes del Consejo Fiscal, tras haber realizado lo solicitado por García, se envía un informe pormenorizado en el que se vuelve a solicitar el archivo. Pero pese a la segunda petición de archivo, la mano derecha de Dolores Delgado volvió a pedir más diligencias, como por ejemplo que se le solicitaran correos electrónicos a Calvente o que, por ejemplo, se tomara declaración a una periodista, hecho que Álvaro García ni había mencionado en su anterior escrito. Así, García logró presuntamente dilatar en el tiempo lo suficiente el procedimiento para evitar que Stampa obtuviera su plaza en Anticorrupción.

En el escrito de petición de archivo, explica el fiscal que la abogada de Podemos, Marta Flor, declaró que nunca habló a solas con Stampa, que siempre que lo hizo “estaban presentes ambos fiscales”, y que, de 41 peticiones, Anticorrupción solo se mostró a favor de tres, denegando o ignorando el resto. Marta Flor también explicó que Calvente trabajaba desde Barcelona y que nunca estuvo presente en la Audiencia Nacional, ni acudió a ninguna reunión con los fiscales.

Respecto de la declaración de Miguel Serrano, compañero de Stampa en Tándem, asegura el fiscal que el escrito presentado por Stampa era solo de él, pero que se lo dio a leer y que estaba totalmente de acuerdo con el contenido del mismo. También dijo que se habían reunido con los letrados de Podemos siguiendo el “protocolo de Anticorrupción acerca de la necesaria relación fluida con los abogados para impulsar las causas”.

Pero una vez dicho esto, Miguel Serrano asegura en su declaración “que nunca se proporcionó a los abogados de la acusación popular dato o información sensible de la causa principal o de las piezas, cuando las mismas estaban declaradas secretas”. Es muy llamativo que Álvaro García, teniendo en su poder una declaración tan lapidaria como la realizada por Serrano que ha negado categóricamente cualquier filtración decidiera poner por encima otras declaraciones mucho más interesadas, como por ejemplo la de Calvente, para conseguir no archivar el tema antes del Consejo Fiscal.